México no debe tener miedo a la supremacía constitucional
XALAPA, Ver., 28 de julio de 2017.- La integrante del Colectivo Equifonía, Araceli González Saavedra, solicitó a la legislatura local sea en una sesión extraordinaria y no el próximo lunes cuando sea votada y discutida la iniciativa que presentó el Grupo Legislativo de Morena, para aumentar las causales de aborto.
En este sentido, dijo que hay un plazo que fijó el Gobierno federal para la legislación al respecto, que termina el último día de septiembre, por lo que recordó a la Legislatura que tienen tiempo para analizar a detalle el dictamen y convocar a una sesión extraordinaria.
«Hay esa posibilidad (de que se vote el lunes), lo que esperamos es que haya un análisis serio de las comisiones, y sobre todo también, que es resultado de un estudio hecho por el gobierno federal, es decir, no es una propuesta de las instituciones. Nos hemos estado reuniendo con diferentes fracciones y seguiremos insistiendo en ello».
De igual manera, hizo un llamado al gobierno federal, para que a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), se mantengan vigilantes del proceso legislativo que inició este jueves.
«Creemos que la Segob, a través de la Conavim debería estar vigilando de una manera más cercana este proceso, porque más allá de las creencias que cada quien pueda tener o de las percepciones que cada quien pueda tener sobre la problemática, el hecho es que es un problema de salud pública y debe ser atendido por las instituciones».
Finalmente criticó las declaraciones de la encargada del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Sara Gabriela Palacios Hernández, quien dijo que no es necesario modificar la ley respecto del aborto en el estado, y que se deben tomar acuerdos con la iglesia en este sentido, pues dijo, las ideologías religiosas nada tienen que hacer en la atención de un problema de salud público cómo es el aborto en Veracruz.
«Como titular, por supuesto del Veracruzano de las Mujeres, está obligada a actuar en el marco de lo que establece la ley. Hay un principio de progresividad de los derechos humanos, no podemos apostarle a retrocesos, la iglesia no tiene nada que hacer en este tipo de problemáticas, podrá dar su opinión con su feligresía pero no debe participar en este tipo de decisiones».