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POZA RICA, Ver., 6 de noviembre de 2019.- Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), correspondiente a la Sección 32, demandaron al gobierno estatal y a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) que se respeten los acuerdos alcanzados con la representación sindical, y que se eviten acciones que pretenden dividir a la organización de maestros.
María Alicia García Rodríguez, secretaria de organización de la región IV del organismo, dijo, “estamos unidos, la unidad es nuestra fuerza, la unidad es lo que impera en la Sección 32”, con lo que descartó que las acciones emprendidas por la SEV tengan algún tipo de repercusión en la organización.
Sin embargo, aclaró que la SEV no está respetando la minuta de trabajo del pasado 21 de octubre, en donde se presentaron propuestas de trabajadores integrantes de ese gremio para ocupar la titularidad de la Supervisión Escolar 2 de Poza Rica y 5 de Veracruz, en Secundarias Técnicas.
Explicaron que pese a la presentación de propuestas, el pasado lunes 4 de noviembre, el Subdirector de Secundarias Técnicas, Isaac Contreras, llamó a algunos supervisores, y entregó los nombramientos, que resultaron distintos a los que habían sido propuestos por la Sección 32, quien tiene la legítima representación para proponer a quienes pudieran ocupar dichas responsabilidades.
Dijeron desconocer a quienes fueron nombrados como jefes de Sector, sin el aval de la Sección 32, y exigieron a su vez la destitución del Subdirector de Secundarias Técnicas, pues se evadieron las propuestas de nombramientos para compañeros con más de 30 años de servicio, quienes cuentan con capacidad académica y profesional para desempeñarse en los cargos señalados.
Por su parte, Simón Castillo Medrano, secretario de organización de la región III Tuxpan, reconoció que existen otras necesidades que deben de ser atendidas por parte de las autoridades educativas, entre las que se encuentran pagos pendientes en todos los niveles.
Acusó que los cambios en las escuelas no se dan a tiempo por parte de la Secretaría de Educación, lo que deja sin clases a los estudiantes de los planteles educativos, incurriendo así en una violación al artículo tercero constitucional.