Pide Coparmex medidas emergentes de seguridad; ciudadanía, preocupada

XALAPA, Ver., 21 de noviembre de 2017.- A través de un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que la inseguridad es una de las preocupaciones más graves para la ciudadanía.

Incluso la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre la Seguridad Pública (ENVIPE 2017), realizada por el INEGI, revela que ese es el tema que más inquieta a la población, por encima de problemas como el aumento de los precios, el desempleo e incluso la corrupción.

En el comunicado, señala que de acuerdo con el INEGI, en 2016 en México ocurrieron 31.1 millones de delitos, lo que representó un costo del 1.1% del Producto Interno Bruto, equivalente a 229 mil millones de pesos.

«Los principales delitos fueron hurtos y asaltos en hogares o en calle y transporte público; fraudes; extorsión y robo de vehículos. Sin embargo, sólo fueron denunciados 3 millones de casos, es decir, apenas el 9.7 por ciento», detalla el comunicado.

Asimismo se agrega «como se ha dado a conocer en diversos medios de comunicación, en el transcurso de 2017 los socios de Coparmex han sido objeto de actos delictivos en diferentes entidades del país, tanto en sus instalaciones como en el transporte, y durante el traslado de mercancías y de personal. Esta situación ha sido recurrente y, desafortunadamente, ha crecido de forma importante en los últimos meses».

Esos incidentes han sido reportados y denunciados como lo establece la ley, con el fin de permitir a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes sobre cada uno de estos siniestros.

Para poner en contexto la situación, datos de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones y de la Cámara Nacional del Autotransporte y Ferromex revelan que en lo que va de 2017 los asaltos y robos de camiones de transporte de mercancías han aumentado en  60% en comparación con el año pasado.

Ante esas cifras, la Coparmex hace un llamado enérgico a las autoridades municipales, estatales y al gobierno federal con el fin de que impulsen planes emergentes de seguridad, que incluyan diagnósticos y metas basados en indicadores públicos  encaminados a detener esta ola de inseguridad que aqueja a los hogares y que también alcanza cada vez más a las empresas de nuestro país.

«Exhortamos al Poder Ejecutivo que revise el diseño institucional del combate a la inseguridad del país, porque la crisis de seguridad exige una estrategia integral con nuevas líneas de acción; un enfoque sistémico que incluya a jueces, a fiscales y a policías, con metas de corto, mediano y largo plazo y acciones contundentes inmediatas enfocadas a reducir efectivamente las tasas de robo y la inseguridad que hoy nos afectan especialmente en el transporte».

Se urgió a frenar la incidencia de los delitos, porque se afecta el crecimiento y las inversiones, ya que las empresas dejan de invertir en proyectos productivos para destinar cantidades millonarias y crecientes en la prevención y atención de la inseguridad, además de la carga impositiva que deben pagar para que el Estado teóricamente les garantice su integridad física y del patrimonio de sus socios.

Finalmente, reiteraron su propuesta que presentaron junto con otras organizaciones de la sociedad civil para hacer cambios de fondo en la Comisión Nacional de Seguridad, transformándola en un organismo descentralizado con personalidad jurídica propia y autonomía presupuestal para dirigir de manera directa las acciones desarrolladas por la Policía Federal, el Servicio de Protección Federal, así como las funciones de Prevención y de Reinserción Social.