Marko Cortés evidenció que posiciones del PAN se las reparte la cúpula
XALAPA, Ver., 12 de abril de 2017.- La Comisión Estatal para Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) avances sobre las investigaciones del ataque al jefe de Información de la Opinión de Poza Rica, Armando Arrieta Granados, y el homicidio del columnista Ricardo Monlui Cabrera.
Asimismo, ante el reclamo de periodistas y sociedad, exhortó al fiscal Jorge Winckler Ortiz a refrendar su compromiso de lograr justicia mediante la resolución de los casos pendientes radicados ante su jurisdicción, con acciones concretas, entre ellas, la firma de un convenio interinstitucional que fortalezca las medidas de prevención y protección a periodistas, la investigación de los delitos en los que son víctimas comunicadores y la creación de mesas de trabajo conjuntas con víctimas, ofendidos, autoridades investigadoras y representantes de la institución.
La CEAPP, en el marco de sus obligaciones legales y atendiendo el reclamo de 60 periodistas veracruzanos a través de una carta abierta, así como de manifestaciones ocurridas en diferentes ciudades del estado en días pasados, pidió al Fiscal fortalecer las labores de investigación para abatir los índices de impunidad que se han convertido en el mejor incentivo para nuevas y sistemáticas agresiones a comunicadores en Veracruz.
A dichas agresiones la CEAPP añadió las lesiones causadas al periodista Israel Hernández, el 24 de marzo, en Veracruz, y los daños por impactos de bala en el domicilio de la periodista Guadalupe Fuentes Barco, el pasado 4 de abril en Orizaba.
Destacó que la Relatoría Especial Sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU ha sostenido en su informe de 2009 que “la impunidad que caracteriza los crímenes contra periodistas y comunicadores sociales en México alienta de manera perversa la reproducción de este tipo de crímenes”.
Por ello, la CEAPP subraya que se mantendrá vigilante y hará lo conducente por las vías legales e institucionales para que las autoridades correspondientes en el ámbito de la seguridad y justicia restablezcan las condiciones básicas para el pleno ejercicio de la actividad periodística en Veracruz.