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POZA RICA, Ver.- Funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) se niegan a comparecer ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que aportar información sobre las empresas Drake Mesa y Drake Finley, quienes fueron objeto de denuncias por el delito de fraude a negocios de Poza Rica y Tihuatlán, a quienes les solicitaron servicios que no quiren pagar.
De acuerdo con los abogados de las empresas defraudadas, hasta el momento los funcionarios se han negado a recibir los oficios girados por la FGE para que comparezcan y brinden información sobre el manejo económico de Pemex hacia dichas compañías y avanzar así en el reclamo de los recursos.
A Luis Gómez Herrera, residente de contrato para las empresas Drake Mesa y Drake Finley; David Pérez Ortiz, supervisor de contrato, y Carlos Solano Rodríguez, encargado de despacho de la Coordinación de Servicios de Intervención a Pozos Zona Norte, se les solicita comparezcan ante la FGE para informar sobre al contrato 421004821 otorgado a las citadas compañías para realizar trabajos integrales de perforación y terminación de pozos terrestres en la región norte y sur para Pemex Exploración y Producción en el Paquete 5 otorgado a Drake Finley y Drake Mesa.
El representante de los negocios afectados, Édgar Manuel Alonso Rivera, dijo que se ha convocado a los funcionarios a que rindan testimonio, “sin embargo se negaron a acudir al llamado”, por lo que se espera que la autoridad haga lo conducente para que acudan a aportar sus declaraciones en calidad de testigos.
Destacó que la comparecencia de los funcionarios de Pemex es necesaria, pues ayudaría a la investigación y se podría conocer el estado que guarda el contrato de trabajo otorgado a Drake Mesa y Drake Finley por varios millones de dólares.
“Ellos son los que manejan el contrato y saben si a Drake Mesa se le pagó todo lo que ellos dicen que les adeuda Pemex, y necesitamos que diga el personal si se le adeuda o no a la compañía”, indicó el entrevistado,
Insistió en que hasta el momento los funcionarios de la empresa se han negado a participar, pese a que no se presentarían en calidad de inculpados, sino sólo a rendir un testimonio de “hechos que les consta a esos servidores públicos”.
Alonso Rivera representa a siete negocios de la región que fueron defraudados por las compañías, quienes adeudan recursos hasta por 16 millones de pesos; se estima que habrían defraudado a 40 negocios establecidos entre Poza Rica y Tihuatlán, por lo que el monto se elevaría a 100 millones de pesos.
Se espera que las autoridades determinen el proceso a seguir para garantizar la comparecencia de los funcionarios citados y aporten la información correspondiente para esclarecer el fraude.