Pablo Hiriart/Uso de razón

Los partidos, entre la solidaridad y la demagogia

Se puede y se debe bajar el costo de la democracia en el país, pero cuidado con los radicalismos.

Quitarle todo el presupuesto público a los partidos políticos implicaría dejar en manos de grupos económicos la propiedad de los partidos, los senadores y los diputados.

Por otra parte, dejarlo todo como está sería una ofensa para la población, pues los partidos disponen de cantidades multimillonarias de recursos del erario mientras el país padece carencias inmediatas derivadas de los sismos de septiembre.

Hay una condena generalizada hacia el derroche de partidos, dirigentes y legisladores que dilapidan dinero público cuando encima tenemos una tragedia que demanda recursos para aliviar la vida cotidiana de los que se quedaron sin nada.

La desgracia se escribió con la reforma de 1996, cuando se aumentaron de manera exorbitante las prerrogativas para los partidos, que nadaron en dinero y lo siguen haciendo, con el pretexto de que no los fuera a financiar el narco.

Se acostumbraron a la abundancia.

Para colmo de males, en 2007 se volvió a cambiar la legislación electoral y les dieron gratis a los partidos políticos cientos de millones de spots en medios electrónicos.

Fue un atraco, con el pretexto de que radios y televisoras son concesiones del Estado.

Con ese argumento también podrían reclamar vuelos gratis en campaña para sus dirigentes o simpatizantes porque la navegación aérea es concesionada. No lo han hecho porque no se les ha ocurrido.

La dependencia de los partidos del dinero de grupos empresariales es pequeña en México, por lo que se han podido sacar adelante reformas que afectan a grandes intereses.

Si pasan a depender únicamente del subsidio privado, los pondría completamente a su disposición y no es sano para el país ni para la democracia.

Lo que debe haber es un equilibrio de financiamiento privado y público y bajar la carga que representa para el erario sostener a burocracias partidistas, ya que la propaganda fuerte, la de radio y televisión, no la pagan.

Coinciden PRI, Frente Opositor y Morena en legislar cuando antes para desaparecer el subsidio público a partidos políticos.

Es decir, coinciden en violar la Constitución.

Todo lo anterior es una discusión vacía para este año y el próximo. La Constitución prohíbe cambiar la legislación electoral desde 90 días antes de iniciado el proceso electoral, que ya comenzó el ocho de este mes.

La propuesta de cambios legales que hace el Frente (el PAN) no procede por esa razón.

Y la del PRI se cubre con un cambio constitucional que tampoco procede. Hasta donde sabemos, la Constitución es la ley fundamental y por tanto no se puede modificar en materia electoral mientras dure el proceso que ya inició.

Hasta el momento la única opción válida es que los partidos renuncien al subsidio público de este año, y que ese dinero se regrese a la Tesorería de la Federación para ser destinado a tareas urgentes de auxilio a damnificados y reconstrucción de viviendas.

Eso lo planteó el PRI y puso sobre la mesa 256 millones de pesos. Muy bien. Pero ir más allá es ilegal, por ahora.

Lo que podrían hacer los partidos, para cumplir con el objetivo de sus iniciativas sin violar la Constitución, es también renunciar al dinero público el próximo año. Y a ver quién los financia, porque los vacíos siempre se llenan.

Son tiempos de cambios, bienvenidas las iniciativas, pero cuidado con las ocurrencias.