Pablo Hiriart/Uso de razón

El principio de una tiranía

El país quiere un presidente que respete a las instituciones. Por eso el reconocimiento general a la sobriedad incluyente de su grito la noche del 15, con los símbolos patrios y nuestros héroes en su lugar. Son lo que nos une.

Pero a la hora de gobernar López Obrador lleva al país por otro camino.

En caso de no reparar y reaccionar ahora ante el túnel en que su gobierno nos está metiendo, después será demasiado tarde para impedir el establecimiento de una tiranía.

Si el propio presidente cree en lo que gritó el domingo, debe frenar su ley que equipara fraude fiscal con delincuencia organizada, en la que el acusado va a la cárcel sin haber sido declarado culpable.

El tema es mucho más grave de lo que parece.

Irá a la cárcel el que quiera el gobierno, no el que haya cometido un delito.

Y se le quitarán sus bienes, aunque hayan sido adquiridos legalmente, porque al ser delito grave aplica la reciente Ley de Extinción de Dominio.

No los podrá recuperar nunca, aún y cuando después del juicio, que enfrentará desde la cárcel, sea declarado inocente.

Esa ley que equipara al fraude fiscal con delincuencia organizada, otorga un poder ilimitado a los funcionarios públicos del régimen, sobre la libertad de los ciudadanos.

López Obrador dice que “el PRI y el PAN se están oponiendo en el Congreso para que sea delito grave la expedición de facturas falsas y la evasión fiscal”.

No es así. No es únicamente por “facturas falsas” por lo que un ciudadano irá a la cárcel sin juicio previo.

Con la sola sospecha del auditor fiscal de que hay evasión de impuestos con dolo, el auditado va a la cárcel.

No es como dice el presidente que PRI y PAN se oponen a castigar el fraude al fisco.

PAN y PRI se oponen a nulificar la presunción de inocencia que plantea esa ley, por la cual quien el gobierno considere sospechoso de fraude fiscal irá directo a la cárcel y ahí, tras las rejas, enfrentará el juicio.

Y mientras se desarrolla el proceso, el gobierno le podrá confiscar los bienes aunque el acusado pruebe que los adquirió legalmente.

La sola sospecha del morenismo gobernante llevará a un empresario a la cárcel y le quitarán sus bienes, que serán rematados por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

No importa si es culpable o inocente. El desenlace es exactamente el mismo: cárcel y despojo de sus bienes al ciudadano sobre el cual recaen las sospechas del gobierno.

Podrán usar, porque será legal, esa herramienta contra sus adversarios políticos. Contra empresarios que financien medios de comunicación críticos. O simplemente contra los que no se alineen con el gobierno.

Estamos ante el principio de una tiranía. ¿No lo vemos?

Ahí está escrito, en la ley que aprobó Morena, contra los argumentos de los cada vez más combativos senadores del PAN y del PRI.

La sociedad no puede dejarlos solos.

No están defendiendo privilegios, como dice el presidente, sino el régimen de libertades que existe en el país.

La prensa oficialista (a la que progresivamente se suman más medios), dice que la oposición se opone a castigar a “las factureras”.

Falso. No sólo por una factura falsa va preso un contribuyente (aunque no sepa que era de una empresa fantasma) y puede ser despojado de sus bienes, sino por sospecha de evasión fiscal.

Una denuncia anónima basta. Como en los países gobernados por tiranías de izquierda o de derecha.

El poder que tendrá un auditor del SAT es de terror.

Podrá mandar a la cárcel a un empresario por su sola sospecha, al que le van a rematar sus bienes, como ocurre en el caso de la delincuencia organizada a raíz de la reciente Ley de Extinción de Dominio.

¿De qué tamaño será la mordida cuando lo que está en juego es la libertad y el patrimonio de quien no ha violado la ley?

¿Hasta qué punto el gobierno usará ese instrumento para castigar a sus críticos o acobardarlos?

Mejor no esperarse para averiguarlo.

Si pasa esa ley, es el principio de la tiranía