Marko Cortés evidenció que posiciones del PAN se las reparte la cúpula
XALAPA, Ver., 20 de octubre de 2016.- En cinco días como máximo, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) deberá pagar los recursos que adeuda al Organismo Público Local Electoral (OPLE) del ejercicio 2016, así lo exigieron magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Luego de resolver el juicio electoral en la elección de Miguel Ángel Yunes Linares, determinaron que no era posible el pago retroactivo de los ejercicios 2013, 2014 y 2015, pero que si estaban obligados a entregar de inmediato lo que aprobó el Congreso local para el presente ejercicio fiscal del 2016.
En ese sentido, determinaron aplicar una sanción al titular de la Sefiplan, Antonio Gómez Pelegrín, y dar vista al gobernador Flavino Ríos Alvarado, al tesorero del estado y Congreso, aunque se aclaró que debido a que el principio de anualidad les impide ordenar que se le pague los recursos que quedaron pendientes hasta el año pasado, el mandato sólo se circunscribe únicamente al presente ejercicio fiscal.
Por ello, la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa calificó como gravísimo que se dé este hecho, pues podría tomarse como un acto de presión en temporada electoral, tal y como ha sucedido en otros estados de la república, por lo que hizo votos porque el Congreso de la Unión tome nota de la situación para evitar que los funcionarios de finanzas condicionen la entrega de los ministrados.
Por su parte, Manuel González Oropeza se mostró a favor del fallo porque insistió que constitucionalmente los OPLE deben ser autónomos y para ejercerla, deben tener un patrocino propio, y si no lo tienen y dependen del Ejecutivo, no tendrían tal independencia.
«No sólo es la autonomía de un órgano, es la independencia de las elecciones, es garantizar que se desarrollen absolutamente con total libertad, entonces es un atentado al régimen electoral, a todos los principios constitucionales que no haya esta diligencia en la transmisión de los recursos».
Además, el magistrado Flavio Galván Rivera apuntó que lo que le ocurre al OPLE de Veracruz es un mal que aqueja a los de varias entidades federativas, sobre todo en los tribunales electorales que dejaron de pertenecer a sus respectivos poderes judiciales.
«No cumplir con ministrar al órgano la partida presupuestal ya prevista, ya aprobada por el Congreso del Estado, es una causa de responsabilidad porque si no se impide, sí se entorpece el cumplimiento de una función estatal».
Por último, el magistrado presidente, Constancio Carrasco Daza, reconoció al organismo estatal que a pesar de tener problemas económicos, pudo sacar adelante la preparación de la elección de gobernador y diputados locales.