No se ha alcanzado la justicia plena, afirman familiares de los Goyos

POZA RICA, Ver., 6 de octubre de 2026.- “Hoy puedo decir que se ha alcanzado un veredicto, pero no puedo afirmar que se ha alcanzado una justicia plena ni de celebración; tuvieron que pasar 68 años para que el estado finalmente hiciera justicia, más de seis décadas de silencio, de expedientes olvidados y de un desierto de indolencias, 68 años, es una vida entera, una respuesta que debió ser inmediata, que el estado haya tardado más de medio siglo en actuar, no es un triunfo del sistema, es la prueba más dolorosa de su negligencia, pues la justicia que llega tan tarde, se parece a la injusticia”, sostuvo Nadia Altamirano, hija de una de las víctimas del hecho ocurrido en ésta ciudad, identificado como La Matanza de los Goyos, y por el cual este martes, el Secretaria de Gobernación federal, el Ejército Mexicano y el Gobierno municipal, solicitaron una disculpa pública a la sociedad pozarricense, ante este lamentable hecho.

La hija del periodista Alberto J. Altamirano, quien también fuera víctima de estos hechos, señaló que “A las instituciones les decimos, seguiremos con los ojos abiertos; no habrá paz social ni duradera, mientras que la verdad dependa del olvido”, y solicitó una viva para los héroes de la democracia pozarricense.

El Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública del Estado a 68 años de estos hechos obedece a la resolución 137/GV 2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y correspondió Arturo Medina, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, encabezó la disculpa institucional en acto que afirmó, responde al interés del estado mexicano de reparar lo que nunca debió haber ocurrido.

Agregó que el 6 de octubre de 1958, en el contexto de violencia política de estado, en el marco de la celebración de elecciones municipales en Poza Rica, y ante la inconformidad de diversos sectores de la población por las irregularidades denunciadas en los comicios, en los que el Doctor Fausto Dávila Solís, había obtenido el triunfo por la alcaldía, y por la imposición de Manuel Salas Castelan, se llevó a cabo una manifestación para expresar el rechazo a los resultados electorales; la movilización integrada por entre 10 mil y 12 mil personas del grupo político Los Goyos, recorrió diversas calles de la ciudad, en donde la parte final del contingente, recibió numerosos disparos de un grupo de hombres armados, junto con agentes secretos de la policía municipal, y posteriormente un grupo de elementos del ejercito llegó a la zona, acordonando el área para establecer un perímetro que impidió el ingreso de civiles, tal acción -afirmó-, no permitió que a la fecha pueda conocerse el número exacto de las víctimas, y estableció que después de la masacre, el acoso a las víctimas y familiares continuó.

“Reconocemos que no se protegieron ni garantizaron los derechos humanos de las víctimas, entre ellos el más importante que es el derecho a la vida; fallamos al no brindar seguridad jurídica, procuración de justicia, y debida diligencia, así como acceso a la verdad”, por lo que agregó: “A las familias que hoy nos acompañan, quienes enfrentaron la desaparición, la privación de la vida, la persecución y la tortura de sus seres queridos, quiero dirigirme de manera respetuosa y particular, sabemos que detrás de cada una de sus historias, existe una ausencia, un dolor profundo, y preguntas que durante décadas han permanecido abiertas, sabemos que han tenido que recorrer, un camino marcado por la incertidumbre, la impotencia y la exigencia de respuestas, por ello ha sido la valentía, y la perseverancia con la que han sostenido su exigencia de verdad, y de justicia, durante estos 68 años, la que ha permitido que sus voces y testimonios mantengan estos hechos presentes en la memoria colectiva, y que las instituciones del estado deben de asumir con la responsabilidad que les corresponde”, expresó.

Por su parte el Secretario de Gobierno de Veracruz Ricardo Ahued Bardahuil, señaló el Gobierno del Estado de Veracruz, admite que los hechos del 6 de octubre de 1958 constituyeron acciones de represión política que nunca debieron ocurrir, y agregó que el estado que tiene la obligación de proteger la vida, la libertad de expresión, la libertad de asociación y el voto libre, desvió los principios de las instituciones, para silenciar, perseguir y privar de la vida a ciudadanos que ejercían legítimamente sus derechos democráticos, y dijo que hubo responsabilidad por acción y omisión de las instituciones de los tres ordenes de gobierno, mismas que faltaron a su deber de garantizar la seguridad y la justicia y aseguró: “Las víctimas no eran delincuentes, eran trabajadores y maestros, comerciantes, amas de casa, jóvenes pozarricenses que luchaban por la democracia que hoy reivindicamos con dignidad”, expresó.

También hizo uso de la voz Martha Yuridia Rodríguez Estrada, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación, y expresó que detrás de esta historia hubo mujeres y hombres que participaron en la vida pública de su comunidad, que ejercieron su derecho a expresar sus convicciones y que aspiraban a construir un mejor futuro para Poza Rica; fueron personas que entendieron que la participación ciudadana, es una responsabilidad colectiva, y encontraron en la organización social, una forma legítima de hacer escuchar su voz, y la historia de Los Goyos, no sólo es de Poza Rica, y recuerda que la violencia no sustituye al diálogo, las consecuencias trascienden hechos mismos, no sólo se vulneran derechos, se afecta la confianza social, se debilita la participación ciudadana, y se lástima la posibilidad de construir acuerdos entre las diferencias.

Como parte de este evento se develó una placa conmemorativo para recordar estos hechos, con el acompañamiento del escrito Mario Román del Valle, quien precisamente fuera el interesado en documentar estos lamentables hechos ocurridos en Poza Rica un 06 de octubre de 1958.