No fue un infarto, fue el sistema

Gran conmoción internacional ha causado el brutal asesinato de la maestra jubilada y trabajadora del volante Irma Hernández Cruz, en el municipio de Álamo Temapache, a manos de la delincuencia organizada por negarse a pagar la cuota de extorsión que le cobraban. Mayor indignación despertó el intento del gobierno veracruzano de minimizar las cosas, acusar a los medios de comunicación de sensacionalistas e informar como causa de muerte, no el evidente feminicidio, sino un simple infarto.

Al margen de los supuestos intereses políticos detrás del persistente golpeteo mediático, el caso de Irma Hernández es de por sí espeluznante: una maestra jubilada de 64 años, que se empleaba como taxista para completar sus magros ingreso, fue secuestrada el 18 de julio y su cuerpo sin vida hallado casi una semana después, con signos de evidente violencia física; en el inter, un video donde se le ve arrodillada, rodeada por delincuentes armados hasta los dientes y totalmente indefensa fue tendencia en las redes locales.

El motivo de tanta infame saña no deja lugar a interpretación en el video: su “error” fue negarse a pagar la cuota de extorsión establecida por un grupo delincuencial que domina el norte de Veracruz desde hace ya varios años. “Compañeros taxistas, paguen su cuota como debe ser con ellos y dejen de andar con los charros que solo los extorsionan… o van a terminar como yo”, fue el último mensaje que la maestra Irma dejó para la posteridad. Un mensaje fríamente calculado por sus perpetradores para sembrar terror entre ese gremio y entre toda la población.

Los hechos no dejan lugar a dudas, la causa de la muerte no fue un simple infarto, como erróneamente declaró la gobernadora Rocío Nahle García para defenderse de lo que considero era una “guerra de lodo”, pero también se equivocan quienes olvidan todo el contexto social que rodea este caso, quizá el más reciente y bochornoso, pero ni de lejos es el último o más espeluznante que se haya visto en los últimos años. El asesinato de Irma Hernández Cruz, es un producto más del injusto y pútrido sistema económico y político en el que vivimos y cuya crisis terminal se manifiesta también en múltiples formas de decadencia.

Más allá de lo evidente, deberíamos cuestionarnos el porqué una maestra jubilada terminó manejando un taxi, a pesar de que por muchos años laboró dentro del sistema educativo y como fruto de tantos años de sacrificio tenía derecho a una pensión que le permitiera tener una vida cómoda, digna y agradable en compañía de sus seres queridos. La respuesta es simple: porque de quedarse solo con su pequeña pensión de jubilada no hubiese sobrevivido de ninguna manera; por ello invirtió sus ahorros de toda la vida en dos vehículos que puso a trabajar como taxis, uno de los cuales conducía personalmente para ahorrarse el pago de un chofer.

Así pues, resulta evidente que Irma Hernández compartía el destino común de cientos de miles, de millones de trabajadores de México cuyos ingresos formales les son totalmente insuficientes para costear los gastos básicos para tener una vida digna y decorosa, que no pueden darse el lujo de jubilarse a pesar de haberse ganado ese derecho, la tragedia de la clase de los trabajadores que deben laborar hasta el último suspiro de su vida sin importar las enfermedades o el cansancio, puesto que no disponen de nada más que su fuerza física e intelectual para ganarse el pan de cada día.

Fue víctima pues de un sistema económico injusto que no está diseñado para distribuir la inmensa riqueza social producida diariamente por todos los mexicanos, sino que, por el contrario, lo concentra más y más en unas cuantas manos.

Ese mismo sistema económico que ha creado gigantescos monopolios financieros, con sus principales sedes en Estados Unidos, como la industria farmacéutica o la industria química que proveen los precursores básicos de la fabricación de los modernos y potentes estupefacientes y en donde también se ha levantado un poderoso y temido complejo industrial-militar que fabrica armas de día y de noche, que necesita como condición inexorable la existencia permanente de guerras, conflictos armados y violencia sistémica para poder vender sus peligrosas y nocivas mercancías.

No nos engañemos, hace mucho tiempo ya, que el jugoso negocio de las drogas dejó de ser (si es que alguna vez lo fue) obra de campesinos y capos analfabetos cultivando en las serranías y traficando en el interior de neumáticos o en bolsas de harina, y se convirtió en un jugoso negocio trasnacional que genera exorbitantes dividendos a sus beneficiarios últimos, los magnates dueños del complejo industrial-militar y de la producción de químicos de última tecnología.

Las células del crimen organizado, encargados de mover este redituable negocio que se mantiene ilegal para mantener las ganancias altas, han diversificado sus actividades a otros ramos, cubiertos con el manto de impunidad de un Estado que existe no para velar por el bienestar de los trabajadores sino para permitir una mayor acumulación de la riqueza. En la actualidad, además de la producción, tráfico y distribución de drogas, han incursionado en el secuestro, cobro de piso, extorsión en sus diversas formas, robo de combustibles y ahora, según “se ha descubierto”, también en el llamado huachicol fiscal: buques completos, decenas de carros de trenes y miles de pipas con gasolina proveniente de los Estados Unidos, que cruza la frontera sin declararse ni pagar impuestos.

Esto último prueba nuevamente cómo en el negocio del crimen organizado participan mucho más que unos simples encapuchados, simples lumpen proletarios que no han encontrado otra forma de emplear su fuerza de trabajo en este sistema, y que realmente son otros los poderosos empresarios y políticos encumbrados los beneficiarios verdaderos de estos negocios macabros e ilegales que cobran, como en el caso de Irma Hernández, millones de vidas inocentes en todas partes de nuestra República.

La maestra jubilada de Álamo Temapache, fue víctima incontestable de un sistema político y jurídico colapsado, que no representa a los trabajadores ni los defiende, corroído hasta la medula por la infiltración del crimen organizado, con fiscalías sin capacidad de investigar, sistemas de inteligencia distraídos en tareas de espionaje y vigilancia de los ciudadanos indefensos y de una clase política acusada de colaborar codo a codo con los delincuentes. Un sistema político al servicio del capital, doblegado y controlado por los multimillonarios acaparadores de la riqueza nacional; lo fue durante el prianismo y lo es en plena “Cuarta Transformación”.

Y todos los mexicanos trabajadores y humildes corremos, querámoslo o no, igual peligro si dejamos que este sistema continúe en pie. Por ello, en nombre de todas las víctimas que se ha cobrado y de las que vendrán, debemos tomar conciencia profunda y científica del problema y proponernos corregir el problema de raíz, construir una sociedad en donde, como reza la vieja canción entonada por los comuneros parisinos, “en adelante los obreros impondrán su voluntad…por el deber decidiremos y cada quien lo cumplirá”.