No cuadran los números a PGR; sólo acreditó a Duarte desvío de 38.5 mdp

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de julio de 2017.- De los más de 439 millones de pesos que la Procuraduría General de la República (PGR) imputa al exgobernador Javier Duarte de Ochoa haber desviado del erario y lavado en empresas para adquirir muebles e inmuebles, sólo logró acreditarle 38.5 millones.

Reforma señala que tras una audiencia de más de cinco horas y media, los fiscales federales mostraron poca preparación para presentar el caso al grado de que el juez de control Gerardo Moreno García, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, expresó que «los números no cuadraban».

El juez de control reservó este lunes el nombre del acusado durante la audiencia de imputación, donde fue referido como JDDO, pero su abogado, Marco Antonio del Toro, dijo que no tenía inconveniente en que la prensa lo refiriera por su nombre. «Mi cliente se llama Javier Duarte de Ochoa», subrayó al salir del centro jurisdiccional.

Duarte y su abogado adoptaron una estrategia que durante la mayor parte de la audiencia puso a la defensiva a Pedro Guevara Pérez, Martha Estela Ramos Castillo y Nely Nabor Alvarado, fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delito Federales (SEIDF).

Sólo se dedicaron a preguntar y a pedir aclaraciones de la imputación, por ejemplo, Duarte hizo 12 preguntas a los funcionarios para que le precisaran cuáles eran las dependencias estatales de las que supuestamente se desviaron recursos en su beneficio, las fechas de las transferencias, los montos y las empresas a las que se destinaron esos recursos.

«Usted señala que en diciembre de 2011 le instruí a Alfonso Ortega López comprar parcelas en Campeche, dice que todo esto fue una idea de Alfonso Ortega y que finalmente yo les ordené al referido abogado y a Moisés Mansur y Gerardo Rosas Bocado comprarlas en 20 millones de pesos”.

«Esto se ha difundido en la prensa con detrimento al debido proceso ¿puede aclarar cuántas hectáreas?, ¿a quién le compraron y el precio cubierto?», preguntó el exgobernador, tranquilo y pausado, con voz aguda.

Los fiscales parecían desconocer el expediente y no sabían cuántas parcelas habían adquirido en Campeche los prestanombres para revenderlas a precios exorbitantes en operaciones simuladas, pese a ser uno de los datos esenciales del caso, y comenzaron a buscar uno por uno los datos solicitados.

La PGR imputa a Duarte desviar 439 millones 662 mil 979 pesos del Gobierno de Veracruz a través de empresas fachada y hacer llegar ese dinero a sus testaferros a través de la compra venta de tierras en Campeche; el dinero después lo usarían para adquirir bienes diversos.

Entre éstos, se volvieron a referir a los tres departamentos en Ixtapa, tres terrenos contiguos en la Calle Sierra Fría de las Lomas de Chapultepec, una lancha rápida italiana, joyas en Polanco y el famoso rancho Las Mesas en Valle de Bravo, que son del dominio público.

Pero ante la insistencia de Duarte sobre la cantidad de recursos desviados del erario, Pedro Guevara, quien también es director General de Procesos y Amparo en Delitos Federales de la PGR, reconoció que por ahora sólo contaban con elementos para probar 38.5 millones de pesos. «Por el momento son los únicos recursos», dijo el fiscal.

Esos recursos sobre los que la PGR cuenta con soportes documentales son los que salieron entre 2015 y 2016 de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) con destino a la empresa Solaris Technologies, mediante contratos por los que la dependencia no obtuvo contraprestación alguna.

Dicha empresa, a su vez, trianguló el dinero a Bepha Inmobiliaria y Sakmet Inmobiliaria, las que finalmente transfirieron los recursos a Terra inmobiliaria y Consorcio Brades, mismas que compraron a Alfonso Ortega López y José Juan Janeiro, los presuntos prestanombres de Duarte, los terrenos de Campeche.

El problema que hizo ver el exgobernador y su defensa es que los terrenos se adquirieron en 2011 y 2013, años antes de los desvíos, además, Terra y Brades fueron constituidas en 2005 y 2009.

Más aún, la PGR dijo que los hechos imputados a Duarte ocurrieron entre el 2011 y 2016, sin embargo había algunos bienes como los departamentos en Ixtapa que fueron comprados en 2010. «Mire, señor defensor, le dijo el juez al abogado Marco Antonio del Toro, usted y yo tenemos claro en este momento que los números no cuadran».

Cuando el juez inquirió a los fiscales para precisar los montos, fechas y compradores de los bienes, aquellos se tomaron varios minutos para localizar los datos y ofrecerlos a cuentagotas.

Durante cerca de una hora, la intervención de los representantes de la PGR se hizo lenta, intermitente y con largos silencios. De hecho, hubo un momento en que el impartidor de justicia evidenció a la parte acusadora por su falta de manejo del caso. Fue cuando los agentes del Ministerio Público admitieron que no tenían los precios de dos de las parcelas que los presuntos testaferros adquirieron en Campeche.

«Cuando giré la orden de aprehensión me dijo su homólogo que el precio de una era de 250 mil y otra de 100 mil pesos. No puedo fingir demencia y decir que no conozco el caso”.

«Si les cuesta trabajo, puede ser por la carga de trabajo, pero esa no es atribuible al juzgado o a la defensa», les dijo el juez Moreno García a los fiscales.

Un aspecto cuestionado por el abogado Duarte fue si la Secretaría de Hacienda había ejercido facultades de comprobación o auditorías fiscales, como requisito previo para fincar la acusación de lavado de dinero. «Expresamente no lo manifiesta así la Unidad de Inteligencia Financiera, la respuesta es que no hemos recibido esa información», dijo el fiscal Pedro Guevara.

Al final de la audiencia, el juez advirtió a las partes que su decisión de vincular a proceso o dejar en libertad a Duarte la tomaría únicamente con base en lo que escuchara en las audiencias judiciales.

Anoche Moreno García decretó la prisión preventiva oficiosa al acusado por delincuencia organizada y la prisión preventiva justificada por lavado, para estar internado por lo menos hasta el sábado en el Reclusorio Norte.

«La prisión preventiva justificada (en el delito de lavado) es para asegurar su presencia porque eventualmente pudiera suceder que alguno de los delitos pudiera ser eliminado», comentó el juez.