No claudicaré, dice madre de menor víctima de presunto abuso sexual

MINATITLÁN, Ver., 9 de septiembre de 2024.- Macaria Cruz López, madre de una menor víctima de presunto abuso sexual en una secundaria de Minatitlán, no quita el dedo del renglón, sigue adelante en su objetivo y advierte que no claudicará.

“¿Qué espera la fiscal para judicializar el caso de mi hija, qué más pruebas quiere, que la lleve en un ataúd?”, lanzó esta pregunta luego de que el pasado miércoles 28 de agosto la fiscal especializada e investigadora de Delitos de Violencia contra la Familia en Minatitlán, Laura Yesenia Rodríguez Fonseca, le avisó que no seguirá la investigación en contra del director de la secundaria Técnica número 88, Omar Ochoa, y otros directivos y trabajadores de la escuela con relación al abuso que sufrió su hija en un salón de clases.

En entrevista, Macaria dijo que este caso se ha convertido en un verdadero calvario para ella y su familia, pues ahora la fiscal segunda especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niños, Niñas y Trata de Personas de la Región de Minatitlán se negó a judicializar esta carpeta de investigación en contra del personal de la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ESTI), por los presuntos delitos de omisión al cuidado de una menor víctima de abuso sexual y dar protección al agresor.

Macaria recordó que la fiscal Laura Rodríguez determinó que no tiene pruebas suficientes en contra de los docentes, por lo que no pueden enviar la carpeta de investigación a un juez de Control del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) y se cite a los señalados a una audiencia inicial, imputación y vinculación a proceso.

La madre de familia cree que existen intereses de por medio, pues sólo así entiende la negativa de poder acceder a la justicia, ya que la Fiscalía General del Estado pretende dar carpetazo a la denuncia contra los docentes, de modo que podría recurrir a solicitar un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, pero por si fuera poco los juzgados siguen cerrados por el paro laboral de los empleados en protesta por la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Insistió en que la FGE cuenta con pruebas suficientes para judicializar la carpeta de investigación en contra de los docentes que omitieron cuidar a su hija, “además protegieron al agresor al permitir que convivieran en el mismo salón durante casi un año posterior al abuso sexual. La fiscal no está haciendo un deber legal, está protegiendo a los maestros y su deber es proteger el interés de los niños. Se supone que ese es su deber legal como fiscal”.

Dejó claro que una de las pruebas que tiene la FGE es que el menor agresor fue vinculado a proceso por un juez de Responsabilidad Juvenil del PJEV, con sede en la congregación Palma Sola, en el municipio de Alto Lucero, con el proceso penal 020/2023, autoridad que ordenó una supervisión del DIF estatal y municipal para que no salga de su domicilio.

“La fiscal me dice que no tengo suficientes pruebas. ¿Qué pruebas necesita para que pase mi carpeta y que sea revisada por un juez?”, agregó.

La hija de Macaria, de 12 años de edad, fue víctima de abuso sexual en el salón 26 B de la escuela mencionada en Minatitlán el 7 de diciembre de 2022 y fue hasta marzo de 2023 cuando el director y maestros de la escuela le informaron a la madre los hechos.

De acuerdo con Macaria, la violación ocurrió provocada porque los maestros le dieron una llave a la menor para que se hiciera cargo de la limpieza y cuando ella se quedaba a checar la rutina de la limpieza, el señalado abusó de ella el 7 de diciembre.

El 8 de marzo del 2023, Macaria interpuso la denuncia ante la FGE por el presunto delito de omisión y encubrimiento contra los docentes, porque tenían conocimiento del abuso sexual y lo ocultaron y se dio inicio a la carpeta de investigación MIN/DXXI/FEMUJ/F2/039/2024.

Sin embargo, a un año de la denuncia interpuesta, la fiscal determinó que no hay pruebas, pese a que la SEV reconoció que el director, subdirector, maestros, maestras, prefectos y asesores de la escuela cometieron un incumplimiento del deber legal, encubrimiento y ocultamiento en el caso de un abuso sexual contra una menor de 12 años.

“¿Qué espera la fiscal para judicializar el caso de mi hija?, ¿qué más pruebas quiere, que la lleve en un ataúd?”, es la pregunta de una madre afligida que aguarda la justicia para su menor.