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XALAPA, Ver., 26 de agosto de 2022.- El subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de México Alejandro Encinas Rodríguez, dio detalles sobre el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
Durante la conferencia de prensa mañanera, el funcionario nacional negó que haya similitudes entre este Informe y la llamada Verdad Histórica.
Sostuvo que el Informe presentado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el resultado de la reconstrucción y análisis de los hechos registrados el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014 en dos momentos:
El primero basado en el análisis de los antecedentes, contexto, hechos, personas y autoridades que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes, y las repercusiones en semanas posteriores.
Y el segundo, en los análisis de intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno y el encubrimiento de los hechos de esa trágica noche.
Alejandro Encinas dijo que también se trata de una posición política de Gobierno, “y queremos destacar que este informe es el resultado de un análisis técnico y científico que contó con el apoyo y asesoría de un Comité Científico asesor, y un Grupo Interdisciplinario integrado por personas de diversas instituciones públicas”
“También hay un contenido político pues esclarecer un crimen de estado además de ser una responsabilidad de Gobierno es un asunto que hemos encarado con convicción para ir al fondo de los hechos”.
El subsecretario de Derechos Humanos negó que haya solo una fuente de información para este informe y afirmó que hay 13 fuentes de información básicas que proporcionaron entre otras instancias, la Secretaría de Gobernación, Sedena, Semar, SSPC, Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Nacional, Procuraduría de Guerrero, FGR, GEI, Centro Geo de Conacyt, Derechos Humanos, y testimonios y colaboración de 115 personas que estuvieron involucradas en los hechos.
“Falso que sea lo mismo que la Verdad Histórica, ésta se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF lo cual es falso, ellos llegaron cuando este evento había concluido; y no hubo enfrentamientos sino agresión de la policía municipal”.
Encinas reiteró que fue la policía de Iguala la que entregó al grupo delictivo de Guerreros Unidos a los estudiantes, quienes fueron ultimados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plástico que fueron vertidas en río San Juan.
“Los estudiantes nunca estuvieron juntos; fueron dispersados; hubo actos de agresión en donde el grupo de Guerreros Unidos en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad municipal y federal, ultimaron y desaparecieron a los estudiantes”.
“La diferencia sustancial es que la verdad histórica se obtuvo en declaraciones mediante tortura, fabricación de pruebas y manipulación de la escena del crimen, nosotros no torturamos absolutamente a nadie”.
Destacó que han definido esta actuación como un crimen de Estado porque no solamente se trata de la desaparición y pérdida de vida de los estudiantes en donde se conjugan cuatro delitos graves y violaciones a los derechos humanos en materia de desaparición forzada, como es la privación de la libertad, el homicidio, la participación de agentes estatales en apoyo y con consentimiento del estado y particularmente la negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de autoridades gubernamentales que propició la impunidad de los perpetradores y de los encubridores de estos hechos.