Necesario incluir a municipios en Ley del Sistema Anticorrupción: UV

XALAPA, Ver., 4 de octubre de 2017.- La investigadora Marisol Luna Leal, integrante del Sistema Nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), consideró que el Congreso del Estado debe fijar bases en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para incluir a los municipios, pues están considerados como el nivel de gobierno con más problemas de opacidad.

La también académica de la UV señaló que el director General del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan E. Pardinas, advierte que la opacidad se da al no existir un buen destino de los recursos públicos ni una eficiente fiscalización, pues pese a que los ayuntamientos son la primera autoridad que tienen relación con la ciudadanía y otros órdenes de gobierno, no se refleja disposición para una mejor rendición de cuentas ni transparencia en el gasto público.

Durante su participación en el Panel de Expertos “El Sistema Anticorrupción y las Entidades Federativas” lamentó que los municipios del país han incrementado cuantiosamente su gasto y la deuda pública, pero los bienes y servicios que reciben los ciudadanos son ineficientes.

Por ello, explicó que de acuerdo al IMCO, el índice de información presupuestal 2016 revela que el gasto de los gobiernos municipales creció de 2004 a 2014 un 66.8 por ciento, lo cual equivale a 411 mil 225 millones, sin embargo, a pesar del crecimiento en el presupuesto, su desarrollo es incipiente.

La también autora del libro “El municipio y sus desafíos” agregó que de 1994 a 2014 las transferencias federales crecieron en 256.4 por ciento, en tanto que la deuda pública municipal, de acuerdo al mismo índice, en junio de 2006 ascendió de manera desproporcionada de 13 mil 505.1 millones a 47 mil 247.7 millones; este monto equivale al presupuesto de tres entidades federativas, Colima, Morelos y Tlaxcala.

Señaló que esto evidencia la opacidad respecto al uso de estos recursos públicos, dado que no se ven los beneficios que eso ha generado a la población, por lo que cuestionó que el incremento de las participaciones federales municipales también genera que los alcaldes no se esfuercen por incrementar sus ingresos propios, ya que se conforman con lo que el gobierno federal les otorga.

Además, dijo que existen ingresos que no se fiscalizan pese a que son cuantiosos, citó por ejemplo cobros al comercio ambulante, servicio sanitario público, panteones y otros recursos que deberían ingresar a la tesorería y destinarse a obras, servicios o programas.

Ante este delicado escenario, consideró que el Congreso del Estado debe atender esas “lagunas” que ella detectó al analizar la iniciativa de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, pues en el Artículo 38 se prevé la integración del Sistema Estatal de Fiscalización.

“Dicha integración y funcionamiento me parece ‘sui generis’ dada la naturaleza jurídica y vinculación del Órgano de Fiscalización Superior y su vinculación con la Comisión Permanente de Vigilancia y la Secretaría de Fiscalización del Congreso local, instancias que se omiten en esta nueva configuración institucional.”

Subrayó que los diputados tienen que definir durante el proceso legislativo qué va a pasar con dichos órganos, cómo se insertarán en ese entramando constitucional, porque no es viable omitirlas, hay que buscar los mecanismos para amalgamar dichas figuras fiscalizadoras.

Por todo lo anterior, concluyó que es necesario que los diputados incluyan la figura de los municipios en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y contemplar reformas a la Ley del Municipio Libre para la profesionalización del secretario, tesorero, director de obras y contralor, dado que son las figuras medulares de la administración