Luis Acevedo Pesquera /En contexto

Sin condiciones para echar las campanas al vuelo

Aunque varios de indicadores dan señales de recuperación una vez que las autoridades mexicanas decidieron el desconfinamiento de la economía, estamos muy lejos de alcanzar niveles de crecimiento que resuelvan las fuertes pérdidas de empleos y bienestar.

Todo indica que lograr ese objetivo solo será posible hasta en tanto se logre controlar la transmisión del coronavirus.

El país enfrenta profundos problemas estructurales que lo colocan en una difícil situación de vulnerabilidad que se reflejan en sus elevados niveles de informalidad laboral y productiva, así como en su aparato fiscal, incapaz de mantener los programas gubernamentales de subsidio a la población que, a su vez, inciden tanto en los amplios niveles de pobreza y desigualdad, como en sus frágiles sistemas de salud y protección social.

A partir del desconfinamiento, las estadísticas muestran las múltiples dificultades que tiene el camino adoptado para la recuperación, en donde vemos que si bien el INEGI informa que entre mayo y junio creció 4.7 millones el número de ocupados en el país y que fue motivo de algarabía en Palacio Nacional, lo que no se dijo es que este avance se dio principalmente en trabajos informales.

Y se confirma que la realidad no es como se trata de dibujar en las mañaneras.

De acuerdo con la Encuesta de Ocupación y Empleo, en ese par de meses la ocupación formal pasó de 21.0 a 22.7 millones de personas, un aumento de 8.2 por ciento, pero en el ámbito informal la tasa de crecimiento fue de 13.4 por ciento, ya que creció de 22.6 a 25.6 millones.

El problema es muy grave para esas familias, para el resto de la sociedad y para la economía nacional, ya que la población informal no solo no participa contributivamente de manera directa sino que, a pesar de los programas asistenciales del gobierno, carecen de servicios de salud por parte de su trabajo, lo que se refleja actualmente en que más de 3 millones de informales en todo el país que, aun con el INSABI o las acciones públicas para atacar a la COVID-19, no cuentan con asistencia sanitaria y que al tener que buscar ingresos para atenderse favorecen el crecimiento de contagios y muertes.

No es exagerado decir que más de la mitad de los mexicanos con alguna forma de ocupación no solo no reciben atención médica en alguna institución pública, sino que deben agotar sus ingresos o ahorros para cubrir los gastos derivados de cualquier enfermedad.

La pandemia desnudó los problemas estructurales del modelo de desarrollo adoptado por el actual régimen que, lejos de enfrentar la emergencia sanitaria con un programa inmediato basado en el estímulo de la demanda con el impulso temporal del gobierno y aprovechando los márgenes de maniobra disponibles de la política fiscal y el déficit público para mantener vivas a las empresas y el empleo para abrir el desconfinamiento de manera ordenada.

A partir de ahí, aprovechar la coyuntura para iniciar un cambio fiscal estructural orientado a la creación de oportunidades como base para el combate de la pobreza.

Pero no, se prefirió reforzar la inversión pública en obras de infraestructura ya previstas y sin efectos de reactivación inmediata en donde los programas de desarrollo social han mostrado sus limitaciones y deficiencias porque no alcanzan siquiera para la sobrevivencia de las mayorías.

Si bien ahora vemos que el indicador de producción industrial creció 17.9 por ciento en junio con relación al mes anterior, es un signo de y que en mayo se tocó el fondo, en su comparativo año contra año, la actividad industrial mantiene un desplome de -17.6 por ciento, con lo que acumula 21 meses de caídas a tasa anual.

La realidad muestra que es imprescindible controlar la transmisión del coronavirus antes de pensar en echar las campanas al vuelo y decir que ya inició la reactivación de la economía cuando el gobierno insiste en atender caprichos políticos y problemas superficiales, sin considerar los esfuerzos y las necesidades de la sociedad en general.

@lusacevedop