Luis Acevedo Pesquera/En contexto

Desigualdad, otra nueva realidad

Uno de los temas en que el gobierno mexicano debería estar realmente preocupado es el de la desigualdad.

Históricamente las más grandes crisis que ha solventado nuestro país en los últimos 40 años, para no ser dramáticos, han resultado por agudizar la concentración del ingreso, con lo que los ricos enriquecen y se hacen menos, mientras los pobres aumentan y terminan todavía más pobres. El sector medio de la sociedad si no pierde lo ganado, como Sísifo, debe volver a empujar la piedra cuesta arriba.

La emergencia sanitaria del coronavirus y su impacto económico ya dieron señales de la pérdida de oportunidades para todos los mexicanos.

Nadie duda que, ante la insuficiencia de programas de apoyo para restablecer las cadenas productivas, la pobreza se ensanchará y los trabajadores serán los más afectados por los efectos del virus de la pandemia.

La encuesta más reciente del INEGI informó que en solo en abril 12 y medio millones de mexicanos perdieron su empleo y hoy ya forman parte del grupo de mexicanos económicamente inactivos; por su parte, el CONEVAL advirtió que más de la mitad de la población del país se pasará a formar parte del segmento de la pobreza.

Se podrá decir que la desgracia es mundial, que lo es; pero lo que importa es lo que sucede en nuestro país y lo que se puede hacer para enfrentar el deterioro global. 

No se contempla que, más allá de lo que pueda escurrirnos el TMEC a partir de julio, exista estrategia económica eficaz que evite el deterioro del bienestar de la sociedad de México, porque el Tren Maya, Dos Bocas o Santa Lucía, harán el milagro.

Alcanzar la tasa de crecimiento de 4 por ciento del PIB prometida al inicio del sexenio es ilusoria cuando el porvenir augura tasas negativas que superan -8 por ciento este año, con niveles negativos para el siguiente y, si bien nos va, podría ser apenas marginalmente positivo en 2022.

Eso es por lo que se refiere a la estadística nacional, pero para los grupos con baja calificación, para los informales que representan alrededor del 60 por ciento de la economía y para los más pobres el deterioro puede ser desastroso, de acuerdo con su condición de vulnerabilidad.

Hacia adelante, y con ello el riesgo de que se profundice la polarización sociopolítica, veremos que la población con mejor preparación, acceso a la tecnología y alguna forma de ahorro, no sufrirá con igual intensidad las afectaciones económicas y laborales de quienes solamente dispongan de educación elemental, a pesar de sus habilidades. En consecuencia, la seguridad y la certidumbre nacional también se verán gravemente afectadas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que muchos países como el nuestro han enfrentado tarde y sin visión de largo plazo el poder del COVID-19 en su dimensión de enemigo invisible y que será difícil vencer sin una vacuna. La cuarentena apenas lo atenuó y evitó muertes masivas, pero distorsionó a la economía global.

A partir de las consecuencias de cinco pandemias SARS (2003), H1N1 (2009), MERS (2012), Ébola (2014) y Zika (2016), el Fondo indagó sus efectos en los cinco años posteriores a cada acontecimiento y analizó mediante el coeficiente de Gini, una medida económica que permite calcular la desigualdad de ingresos de los ciudadanos de un país, que las discrepancias sociales se agudizaron después de esos eventos. 

Se confirmó que la desigualdad aumentó -y ahora no será la excepción- a pesar de las decisiones de los gobiernos para mitigar los efectos de las pandemias: “después de cinco años, el Gini neto aumentó en casi 1.5 por ciento, lo que es un gran impacto dado que esta medida se mueve muy lentamente en el tiempo.”

Este efecto, indica el FMI, se produce por la pérdida de empleo y otras distorsiones en los ingresos (por ejemplo, remesas cada vez más bajas) y la disminución de las perspectivas de empleo que, en el caso de la población menos preparada, tiende a agravarse; con ello, ensancha la estructura informal en todos sus espacios, incluidos los vinculados con la delincuencia.

Frente a esos datos, las políticas públicas basadas en el asistencialismo, las transferencias o en el empleo temporal y con baja remuneración adoptadas por el gobierno federal para enfrentar la emergencia, no resuelven el mediano y largo plazo que requieren de una estructura económica formal con programas fiscales progresivos para resolver la carga de la economía subterráneo que fomenta la inseguridad.

La nueva realidad no está en la generosidad de las dádivas gubernamentales, que tienden a fomentar el cohecho, sino en desarrollar esquemas de oportunidades para los mexicanos más vulnerables a fin de promover la igualdad social.

@lusacevedop