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XALAPA, Ver., 12 de septiembre de 2016.- Después de 9 años y un acumulado de 96 denuncias penales del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) por el desvío de más de 2 mil millones de pesos de las arcas municipales y estatales, están listas las primeras órdenes de aprehensión en contra de algunos ediles y servidores públicos, entre los que adelantó el diputado Francisco Garrido Sánchez, podría encontrarse expersonal de la Secretaría Técnica del Fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos por un desfalco de casi 500 millones de pesos.
Durante los últimos 3 años del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, el Orfis determinó un daño patrimonial en 68 municipios por un monto de 421 millones 730 mil 426 pesos con 63 centavos. Y en el actual gobierno de Javier Duarte de Ochoa, la dependencia detectó un desvío de recursos en 23 municipios, así como en la oficina Operadora de Ciudad Mendoza, en el Fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos y en las secretarías de Desarrollo Social, de Protección Civil y de Educación de Veracruz por un monto de mil 699 millones 717 mil 249 pesos con 28 centavos.
Respecto del actuar de la auditoría estatal, el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado refirió que no es culpa del órgano fiscalizador, sino que se debe a la lentitud e inacción de la extinta Procuraduría General del Estado.
“Al llegar (el fiscal) Luis Ángel nos pusimos a trabajar en el tema desde la Comisión de Vigilancia creando una subcomisión, que interactuó para agilizar todos los temas relacionados a estas denuncias, después la comisión determinó que para la siguiente Cuenta Pública (2015) solamente un servidor en carácter de presidente pudiera ver la evolución de los avances de las denuncias”.
En entrevista para Quadratín señaló que han avanzado de manera importante con relación a las 96 denuncias interpuestas por el Orfis, pero lamentó que con el nuevo sistema de justicia penal se retrasara, “de alguna forma, la acción de la justicia que ha venido impulsando tanto la Comisión de Vigilancia como la Fiscalía”.
Túnel Sumergido, caso grave
Uno de los casos más graves, ya que representa una tercera parte de los recursos desviados en todo el sexenio y detectados por el Orfis es el caso del Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago para la Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Puente Coatzacoalcos I y Construcción, Supervisión, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos.
El secretario técnico del Fideicomiso en 2012-2013, cuando la auditoría estatal interpuso dos denuncias penales por el desvío de 477.3 millones de pesos, era Luis Rafael Anaya de la Fuente, actualmente subsecretario de Comunicaciones y Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).
“Dijo que estos días se tendrá un informe completo que ya fue solicitado al fiscal para poderlo compartir con la comisión; hace unos meses el Fiscal lo convocamos al Congreso, a la Comisión de Vigilancia, nos dio informes de los avances, nos pidió discreción, porque están a punto de ejecutarse algunas órdenes de aprehensión en contra de exservidores públicos, no solamente de los ayuntamientos, uno de los temas más fuertes es el del Túnel Sumergido, donde hay desvíos por casi 500 millones de pesos, él ha pedido que se cuide la secrecía y poder terminar la actuación jurídica”.
Alcaldes prófugos o amparados
Por otra parte, el diputado recordó el caso de los exalcaldes de Fortín de las Flores y de Xico, como ejemplos de por qué se han retrasado la acción penal en el caso de desvío de recursos.
“Ha habido avance, incluso en el caso de Fortín con el exalcalde, (se han emitido) algunas notas de carácter diplomático para solicitar que el Gobierno de Veracruz pueda presentar todos los elementos ante Estados Unidos, que es donde se encuentra esta persona, para poder traerlo y que dé la cara”.
Se trata de el exalcalde César Torrecilla Ramos, quien pidió licencia a su cargo, vendió sus propiedades y huyó del país con su familia en 2012. El Orfis detectó un daño patrimonial de 39.1 millones en la Cuenta Pública de 2011, y de 38.3 millones de pesos en la del 2012.
Otro de los casos en donde ya hay orden de aprehensión es en el caso del exalcalde de Xico, Luis Alberto Pozos Guzmán; la dependencia detectó en 2012 un daño patrimonial de 14.6 millones de pesos, y en la Cuenta Pública de 2013, un desvío de 40.2 millones de pesos, pero el exalcalde “se ha amparado una y otra vez y eso ha limitado que pueda hacerse una acción de la justicia para que respondan por los recursos que desviaron”.
Finalmente, el diputado Francisco Garrido señaló que de los 2 mil 121 millones de pesos desviados en 9 años sólo se ha recuperado una parte mínima, “muchos exfuncionarios, exsídicos, exregidores han hecho devolución a las tesorerías, no la parte que quisiéramos, no lo más importante, que es resarcir los más de 2 mil millones de pesos, pero sí se ha logrado recuperar algo, desafortunadamente, en años anteriores a la llegada de Luis Ángel se dejaron como letra muerta estas denuncias y se fue perdiendo tiempo”.