La probidad quedó en las intenciones

Frente a la complacencia de la mayoría de los mexicanos respecto a qué hace o deja de hacer López Obrador, hay algo de positivo en el legado de estos tiempos. No necesariamente son la medida de este gobierno, pero sí de lo que los ciudadanos esperarían de quien tome posesión el 1º de octubre de 2024 como presidente(a) de la República. Mucho de ello tiene que ver con el fracasado combate a la corrupción.

La austeridad de los funcionarios es un aspecto no necesariamente indicativo de probidad o de honestidad, incluso puede propiciar las imposturas, el engaño y la mentira. Se es austero en la medida de que lo que se muestre o pueda probarse, pero en la discreción puede haber dispendio y exceso. Tres asuntos conspiran contra la falsa austeridad: la declaración patrimonial, obligación de la persona; las redes sociales o forma de auditoría pública, a veces mezclada con la maledicencia, y la UIF, o uso político, discrecional e ilegal de las instituciones del Estado, practicado por este gobierno para detectar todas las transferencias bancarizadas de la persona, de sus socios, proveedores y familiares.

Habría de agregarse la investigación de los medios de comunicación y de las organizaciones civiles. No son pocas las revelaciones que Mexicanos contra la Corrupción, Reforma, El Universal, LATINUS y hasta TELEVISA han hecho públicas y dando evidencia de que el estándar que se presume no está presente en el gobierno ni en el entorno próximo del mandatario.

De cualquier manera, queda en la exigencia pública el argumento fundamental, que es el cuidar los dineros del erario y también mostrar una situación patrimonial consecuente con la historia laboral o profesional lejana, reciente y actual del político o funcionario.

Bajas remuneraciones. El presidente hizo de esto un caso que tiene arraigo en el prejuicio de muchos mexicanos de que los funcionarios ganan dinero en exceso, llevándolo a la norma formal, al imponer que nadie obtenga un ingreso mayor al del presidente, hecho discutible, toda vez que el mandatario tiene muchos otros ingresos que no son incorporados a su salario, como vivienda, alimentos, transporte y gastos, etc. Un hijo en el exterior no puede solventarse con lo que el presidente gana. El problema de llevar la austeridad extrema ha conducido a la pauperización de la administración pública y a la simulación ocultando gastos. Para un presidente que asume que la lealtad a la causa -a su persona-, debe ser el criterio para la designación y promoción de servidores públicos ha significado el ingreso por la puerta grande a la mediocridad y al imperio de la kakistocracia o gobierno de los peores.

En el pasado hubo excesos en las remuneraciones formales de servidores públicos, además discrecionalidad sobre la asignación de beneficios adicionales. Ciertamente se requieren salarios competitivos para tener funcionarios de calidad, probos y comprometidos en una realidad en la que el bienestar y la tranquilidad se asocian a una situación patrimonial solvente. Nada mal vendría establecer referencias internacionales de las remuneraciones para perfiles de responsabilidad que demandan calidad y competitividad, y para legisladores, funcionarios en áreas técnicas, altos servidores públicos, jueces y magistrados, con el adicional de que muchos países ofrecen un sistema de pensiones consecuente al ingreso y una red de bienestar social como educación pública de calidad y sistema de salud competitivo al estándar privado.

Las pretensiones de probidad de este gobierno han quedado más en las intenciones que en la realidad, incluso la corrupción se ha encarecido como parte de la exigencia presidencial de honestidad. Más allá de la pauperización de los servidores públicos y las carencias recurrentes en el gobierno federal no ha habido una modernización del control presupuestal y de su auditoría, tampoco una acción de denuncia formal y probada que inhiba conductas de venalidad. Al contrario, más con el papel protagónico de los militares en el servicio público, por la opacidad propia con la que ellos operan por razón de oficio. Que la mayoría de los contratos sean sin licitación, concurso o transparencia reflejan y prueban la involución. 

La probidad queda como exigencia; lamentablemente, a pesar de la grandilocuencia del régimen quedó en el cajón de las intenciones.