La difícil relación del INE con el presidente

Trasciende que no fue fácil para la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, convencer a sus pares para reunirse con el presidente López Obrador. Las heridas de la batalla cuando lo presidía Lorenzo Córdova están presentes. No es fácil dar vuelta a la hoja, especialmente cuando se tiene la convicción de trato abusivo y excesivo por el presidente de la República a las personas y a la institución.

El INE requiere del apoyo político e institucional del presidente, aunque el encuentro ocurre en un momento sumamente complicado por la determinación del mandatario de adelantar el proceso de selección de candidato presidencial a contrapelo de los tiempos y formas que determina la ley y la Constitución y que tienen como propósito la fiscalización de aspirantes y mantener la equidad en la contienda. Todos felices si aceptan la farsa de que lo que hace Morena no es una precampaña, sino un acto partidista. Es difícil que así lo piensen todos los consejeros y todavía más, el Tribunal Electoral.

En lo relevante está convencer al presidente sobre la necesidad de contar con los recursos económicos suficientes para organizar las elecciones. El INE es una institución muy cara para operar. Tiene una amplia burocracia permanente. Por otra parte, ha sido capaz de organizar elecciones de manera confiable, ordenada y con resultados oportunos y convincentes. La eficacia cuesta y el INE es un caso exitoso en cuanto a su desempeño.

La fortaleza del INE está en su capacidad para organizar la jornada electoral y actos inmediatos posteriores. También el manejo del padrón electoral es de excelencia, a tal grado que la credencial para votar es el instrumento de identidad. Esto entraña un costo muy elevado. La pretensión de que el instrumento de identidad sea manejado por el gobierno ha fracasado, aunque existan razones para así sea, como es la identidad de los menores de edad. En donde el INE no ha mostrado la misma eficacia es en hacer valer la ley previa a las elecciones. En la consulta para la revocación de mandato la publicidad estuvo fuera de control y eso es un precedente, como cualquiera puede observarlo en lo que ocurre respecto a los aspirantes de Morena. 

La renovación del consejo general del INE implicó designar cuatro de once. Los nuevos consejeros y más su presidenta tienen afinidad hacia el presidente y Morena. Sí hay una merma en la autonomía de la institución. El problema se agrava por el infructuoso intento de nombrar personas a las importantes responsabilidades técnicas que no cumplen con el código de imparcialidad y esto afecta y compromete el buen desempeño del INE. Las propuestas no han prosperado ante el Consejo lo que revela en su mayoría un celo institucional para salvaguardar su autonomía.

Una vez que el plan legislativo A y el B dejaron de estar en el horizonte y con el arribo de una nueva presidenta y tres consejeros más, cedió el desencuentro entre el órgano electoral y el presidente. Pero los problemas persisten. La responsabilidad de ellos y el sentido de su compromiso es hacer valer la ley. El presidente se resiste a ello. Su parcialidad es evidente, además para efectos prácticos está investido como el líder y coordinador de la campaña a 2024. Esto ocurre abiertamente y por lo mismo se normaliza la violación a la norma. El INE no puede ni debe pretender llevarla bien a costa de su responsabilidad.

Entre el INE y un presidente militante hay objetivos encontrados o difíciles de conciliar. La tarea del órgano electoral es organizar comicios en normalidad, sin importar el resultado. Su tarea adicional es la fiscalización, lo que se complica con el uso generalizado de dinero no oficial en las tareas partidistas y en las campañas. De hecho, la precampaña de Morena la fondearán particulares, asunto prohibido por la ley. Otra de las responsabilidades es asegurar en términos de lo razonable contiendas justas y con equidad. El presidente quiere ganar a toda costa y asume que la validez del resultado está en la medida ganar no sólo la elección presidencial, sino la mayoría calificada legislativa. Para ello requiere un árbitro dócil y un ilimitado protagonismo presidencial en el marco de la contienda.