Fortalece Tatahuicapan su infraestructura hidráulica
VERACRUZ, Ver., 3 de noviembre de 2021.- Tras poco más de dos años de lucha de la mano con la Profeco, los esfuerzos del Movimiento Civil Independiente (Moci) lograron resultados positivos luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) atrajo los juicios de demanda de Acción Colectiva en contra de Grupo MAS, ante los reclamos de la ciudadanía por cobros excesivos y ante la pésima calidad del agua, informó María Teresa Aguilar Bravo, vocal de la Comisión de Vigilancia del Moci y coordinadora de Vinculación Institucional con Profeco-México.
En conferencia de prensa, acompañada del presidente del Moci, Oliver Olmos Cabrera, Aguilar Bravo aseguró que la lucha contra los abusos de Grupo MAS contra la ciudadanía no ha parado, «al contrario, seguimos los procesos y las quejas se acumulan cada vez más ante los cortes indebidos, las tarifas aumentadas y los abusos que siguen cometiendo contra los usuarios».
Insistió en que con esta acción de la Suprema Corte de Justicia se abre un nuevo panorama para por fin abatir la ola de abusos y arbitrariedades, «pensamos que en unos 3 a 4 meses máximos podría haber resultados tangibles que obliguen a Grupo MAS a cumplir con el servicio que deben dar o que se les revoque la concesión, que es lo que toda la gente pide por las situaciones que han prevalecido desde que entraron en operaciones», dijo María Teresa Aguilar Bravo.
En su oportunidad, Oliver Olmos Cabrera aseguró que hay un llamado a la ciudadanía a participar en un nuevo movimiento de protesta para exigir tarifas justas y asequibles, además de un servicio de calidad, la protesta tendría lugar el domingo 14 de noviembre a partir de las 16:30 horas, partiendo del Tranvía del Recuerdo hacia el zócalo de la ciudad.
Destacó que ha insistido ante quienes serán los nuevos integrantes de la legislatura estatal que entrará en funciones este fin de semana para que se revisen los antecedentes y analice a fondo la sitúa que permea en torno a la concesión de Grupo MAS para que asuman su responsabilidad como verdaderos representantes de la ciudadanía, «y de una buena vez echen abajo esa concesión, que sólo lacera la economía y los derechos humanos de los veracruzanos».