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XALAPA, Ver., 5 de agosto de 2016.- De acuerdo con el documento firmando con fecha del 3 de agosto por el secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Hugo Enrique Castro Bernabé, el ente comicial interpuso el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el desechamiento que la Comisión de Receso de la referida instancia hizo de la controversia constitucional presentada por la omisión y negativa de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en la entrega de recursos.
Con esta nueva acción buscan que el pleno del máximo tribunal constitucional del país analice los agravios que afectan al ente comicial, lo que originalmente no se hizo por notoria y manifiesta improcedencia.
Lo anterior lo determinó el Consejo General del OPLE, ya que la Comisión de Receso de la SCJN, en base al artículo 105 de la Constitución Política federal estipula que las controversias pueden entablarse entre dos órganos constitucionales autónomos y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo o el Congreso de la Unión, pero esa normativa no prevé expresa y literalmente, las controversias suscitadas entre un órgano constitucional autónomo estatal y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) de esa misma índole.
En este sentido, el consejero del OPLE, Juan Manuel Vázquez Barajas, enumeró que el recurso de reclamación pide a los ministros tres cosas esencialmente, para exhortarlos a que analicen la controversia planteada en contra de la Sefiplan.
«El mecanismo de controversia protegería la autonomía del órgano electoral de Veracruz y que desecharla, pone en riesgo la autonomía del órgano electoral, porque nos deja en manos de las dependencias de un gobierno de un estado y que se nos pueda hacer como se quiera o bien se genere una dependencia económica», expuso.
Asimismo añadió que el segundo argumento es la denegación de justicia, «porque consideramos que al negar la controversia, se está negando el acceso al control de constitucionalidad de los OPLE o de cualquier órgano autónomo de las entidades federativas».
Explicó que los órganos autónomos no tendrían quién les proteja de la constitucionalidad de los actos de otras autoridades que invadan sus competencias, y eso es una denegación de justicia a nivel constitucional y que al desecharla, se estaría causando un daño a los órganos autónomos fuera del propio OPLE.
El tercer argumento tiene que ver con la violación a diversos derechos humanos, porque la controversia busca proteger el derecho humano al trabajo y a tener un salario digno y puedan satisfacer sus necesidades básicas.
El integrante del Consejo General estimó finalmente que en 15 días, el máximo tribunal constitucional estaría resolviendo si le da entrada al recurso o lo desecha de plano como ya sucedió.