Indígenas, con elevado riesgo de violación sistemática de sus derechos

XALAPA, Ver., 23 de noviembre de 2017.- Para conocer las aéreas indígenas que requieren atención prioritaria y las acciones a realizar se efectuó el Primer Informe Temático de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, indicó la presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez.

Dijo que para ello se visitaron 46 localidades de 12 municipios en donde se aplicó una guía de campo, un cuestionario y una guía de entrevista, además de solicitarle un informe a los 52 municipios que tienen más del 30 por ciento de población indígena.

Puntualizó que el 78 por ciento de personas que viven en comunidades indígenas son pobres, por ello existe un riesgo elevado de que los derechos económicos sociales y culturales de este grupo se violen sistemáticamente.

Señaló que en 2012 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) planteó una realidad lastimosa, a través de su publicación “La pobreza en la población indígena de México”, pues “ser indígena en nuestro país implica una gran probabilidad de ser pobre”.

Añadió que si a lo anterior se le suma que la población indígena tiene como principal obstáculo para el ejercicio de sus derechos la discriminación, es un deber para el estado garantizar la igualdad y combatir la discriminación en los distintos frentes.

Aseveró que con el trabajo en el tema indígena, la CEDH logró emitir 78 recomendaciones a autoridades estatales y a 52 municipios, en las cuales se despliegan siete temas prioritarios: derechos a la salud, alimentación, accesos a la justicia, educación, desarrollo, laborales y derechos de las mujeres.

“La violación a estos derechos no es fortuita, en la mayoría de los casos está asociada al desconocimiento que los integrantes de los pueblos indígenas tienen sobre estos derechos, pero fundamentalmente a las acondiciones en que se encuentran”, acotó.

Finalmente, destacó que la CEDH busca crear conciencia entre la población y primordialmente entre las distintas instituciones que tienen el deber constitucional de participar activamente en las garantías de los derechos humanos de los miembros de pueblos y comunidades indígenas.