A comisiones, iniciativas sobre infraestructura, adquisiciones y servicios
XALAPA, Ver., 23 de enero de 2025.- El diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez presentó al Pleno de la 67 Legislatura la iniciativa con proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que tiene como propósito regular la organización y funcionamiento de ese organismo.
En su propuesta, el legislador destaca la importancia de la modificación, toda vez que se propone una nueva estructura orgánica que permitirá a las personas juzgadoras electas, realizar la función jurisdiccional con independencia e imparcialidad, objetividad, profesionalismo y demás principios que necesariamente deben acompañar su labor.
Al mismo tiempo, esta nueva forma de organización, se circunscribirá como una garantía de eficacia, transparencia, efectividad y rendición de cuentas para Veracruz.
El proyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial se sustenta en dos ejes: por un lado, la adopción del novedoso modelo establecido para el Poder Judicial de la Federación, principalmente en cuanto a la disposición de sus órganos y funciones; y por otro, la libertad configurativa, como principio a partir del cual, se imprimen ciertas notas distintivas al mencionado esquema judicial, atendiendo a las necesidades operativas que en la materia requiere el estado de Veracruz.
A partir de lo anterior, “se edifica una nueva estructura organizacional para el Poder Judicial de Veracruz, que se estima, funcionará como un catalizador de la administración de justicia e instrumento vivo para transformar la realidad del pueblo de Veracruz”, refiere la iniciativa.
El Tribunal de Disciplina Judicial, será el órgano con independencia técnica, de gestión y para emitir sus fallos, abocado a la investigación, substanciación y resolución de los casos relacionados con las irregularidades cometidas por personas juzgadoras. Estará integrado por cinco magistraturas, funcionará en Pleno y en Comisiones y para el despacho de sus asuntos, contará con una Secretaría de Acuerdos, Secretarías de Estudio y Cuenta, así como el demás personal subalterno necesario.
El Órgano de Administración Judicial, asumirá las actividades administrativas que concentraba el Consejo de la Judicatura. Se plantea que su conformación sea similar (tres representantes del Poder Judicial, uno del Ejecutivo y otro del Legislativo), con la diferencia que las y los integrantes ya no serán magistradas o magistrados, sino profesionistas con un perfil afín a las actividades reservadas para dicho órgano, quienes permanecerán en el encargo seis años.
Su presidencia se definirá cada dos años por insaculación, a manera que cualquiera de sus integrantes, sin importar su ascendencia, tenga la posibilidad de encabezar el órgano. Se propone un funcionamiento dinámico, en el cual sus integrantes indistintamente conformarán Comisiones y Pleno en la resolución de los asuntos de su competencia, para lo cual, se auxiliarán de Secretarías de Estudio y Cuenta, y personal necesario.
La propuesta legislativa define instancias y abarca el conjunto de pasos a seguir en materia disciplinaria dentro del Poder Judicial; estableciendo con claridad, las formas de inicio, investigación, substanciación y resolución de cada caso.
Además, incluye instituciones procesales relevantes, como la prescripción y los plazos para su actualización; así como la división funcional de las competencias, para efecto de determinar qué porción del procedimiento le corresponde desarrollar a cada órgano dentro del Poder Judicial, aunado a la especificación de aspectos de índole sustantiva, como las conductas que actualizan las faltas graves y no graves, las sanciones que les corresponden, así como los parámetros para graduar su imposición.
En conclusión, expone el diputado Carlos Marcelo Ruiz, “la iniciativa es el reflejo del reclamo del pueblo de Veracruz, que, durante mucho tiempo, padeció injusticias de un sistema judicial cuyo diseño se proyectó con la finalidad de cautelar intereses particulares sobre los públicos”.
Destacó que la propuesta “pretende deconstruir lo que en el pasado se edificó con la intención de beneficiar a pocos en sacrificio de muchos, conservar aquellos fundamentos cuya funcionalidad está comprobada y sobre esa base, erigir una estructura sólida, estable, austera y dinámica, que responda a las necesidades colectivas e individuales en materia de administración de justicia”.
La iniciativa, cuyo texto íntegro puede consultarse libremente en el Anexo B de la Gaceta Legislativa número 20, publicada en la página oficial del Congreso, fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.