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VERACRUZ, Ver., 29 de octubre de 2026.- Durante una entrevista sobre los trabajos de fiscalización en la Cámara de Diputados, el legislador federal veracruzano y presidente de la Comisión de Vigilancia en San Lázaro, Javier Herrera Borunda, advirtió sobre la existencia de un posible esquema de oligopolio en el manejo de la proveeduría electoral, señalando que los costos de los materiales se han sobreevaluado de manera estratosférica durante los últimos 20 años.
El diputado detalló que el problema de distorsión en el mercado abarca a múltiples administraciones tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE) como en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), donde un número muy reducido de empresas concentra la mayor parte de los contratos.
"Siento que el material electoral en general, no de ahorita, vengo hablando más de 20 años, hay oligopolios; son muy pocas las empresas que participan (...) Si vemos cómo está en los OPLES, no hay más de cinco empresas que tienen los contratos, y eso yo creo que ha generado una distorsión en el mercado", apuntó el legislador.
Herrera Borunda destacó que al haber precios tan elevados, los incentivos para la corrupción aumentan considerablemente; ante este panorama, enfatizó que el objetivo de las recientes facultades otorgadas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) (impulsadas desde mayo) buscan precisamente realizar una investigación de mercado seria y con pruebas para determinar el porcentaje real de sobrevaloración en la papelería y suministros electorales.
"Yo lo que estoy queriendo impulsar es que realmente se haga una investigación de mercado de cuánto cuesta realmente hacer el material electoral, porque siento que si le entramos a fondo y con pruebas, vamos a encontrar que hay sobreprecios irreales", puntualizó.
Finalmente, confirmó que este viernes se llevará a cabo una comparecencia conjunta en San Lázaro con el titular del Órgano Interno de Control (OIC) y la participación de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, en el marco de la entrega de los informes individuales de la cuenta pública por parte de la Auditoría Superior de la Federación.