Hasta 9 años de prisión para falsos médicos, propone PVEM

XALAPA, Ver., 14 de diciembre de 2025.- Las diputadas y los diputados del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron una iniciativa con el fin de endurecer las sanciones por usurpación de profesiones médicas e intrusismo en salud, así como fortalecer los mecanismos de prevención y vigilancia en instituciones públicas y privadas.

La diputada local Angélica Peña Martínez destacó que la dignidad humana y la protección de la salud son pilares constitucionales que obligan al Estado a garantizar servicios seguros, profesionales y de calidad.

Señaló que el intrusismo médico representa un grave riesgo para la vida e integridad de la población, pues personas sin formación ni acreditación realizan diagnósticos, tratamientos e incluso procedimientos quirúrgicos, amparados en documentación o infraestructura simulada.

“El paciente acude en un estado de vulnerabilidad absoluta y confía en la bata blanca; es responsabilidad del Estado evitar que esa confianza sea traicionada”, expresó.

De acuerdo con la iniciativa, el artículo 258 del Código Penal será fortalecido con nuevas agravantes específicas para el ámbito de la salud, debido a que la penalidad actual, de seis meses a tres años de prisión, resulta insuficiente y no guarda proporcionalidad con el riesgo que estas conductas representan.

Las reformas plantean de 2 a 6 años de prisión y multa para quien usurpe alguna de las profesiones señaladas en el Artículo 75 de la Ley de Salud (medicina, enfermería, odontología, psicología, nutrición, entre otras).

Peña Martínez propuso de 4 a 9 años de prisión y multa cuando, además, el intruso realice procedimientos médico-quirúrgicos sin contar con la acreditación de especialista prevista en el artículo 77 Bis.

Estas sanciones no excluyen las que puedan imponerse por otros delitos derivados del daño causado al paciente.

El Grupo Legislativo del PVEM subrayó que estas reformas buscan cerrar la puerta al ejercicio ilegal de la medicina, fortalecer la vigilancia institucional y proteger a la ciudadanía de prácticas que han causado daños severos e incluso la muerte.