En Poza Rica, ola de plagios a funcionarios del ayuntamiento
XALAPA, Ver., 16 de septiembre de 2016.- Guerrero, Veracruz y Tamaulipas encabezan la lista negra de desapariciones forzadas en México: 6 de cada 10 denuncias corresponden a estas entidades. En el estado la mayoría fueron jóvenes entre 17 y 29 años, casi todos vistos por última vez en la vía pública, un total de 196 veracruzanos de 39 municipios que entre 2007 y 2015 fueron levantados por policías municipales, estatales, elementos del Ejército y la Marina, y nunca más volvieron a saber de ellos.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han denunciado un total de mil 24 casos; en primer lugar se encuentra Guerrero con 280 denuncias, Veracruz con 196, Tamaulipas con 145, y muy lejos Coahuila, con 49, en cuarto lugar.
En Veracruz la desaparición forzada tomó la agenda nacional con el caso Tierra Blanca: el lunes 11 de enero 5 jóvenes originarios de Playa Vicente fueron detenidos y subidos a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y entregados a la delincuencia organizada.
Una multitud de agentes de seguridad e investigación estatales y federales fueron desplegados en la zona hasta encontrar a los jóvenes, o lo que quedó de dos de ellos. Por estos hechos se detuvo a 8 policías, que hoy, de acuerdo con uno de los padres, Bernardo Benítez, se encuentran amparados, y hasta finales de este mes se definirá si se quedan en la cárcel o salen libres.
No obstante, salvo este caso, en ninguna otra denuncia se ha resuelto nada, 196 familias veracruzanas cuyos hijos, hermanos, esposos o madres fueron detenidos por elementos de seguridad, en algunos casos hace casi 10 años, como el de Mirna Sabina Núñez Bustos, desaparecida el 29 de octubre de 2007, o Anahí Muñoz Pareja, de 21 años, desaparecida en Playa Vicente el 22 de noviembre de 2009, supuestamente levantada por policías municipales.
“El principal tema en México es la impunidad, los gobiernos locales, estatales y federal no les interesa la búsqueda de los desaparecidos por autoridades… el Estado Mexicano tiene responsabilidad por acción, por omisión o por aquiescencia (consentimiento)”, señala el secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata.
Dice que, pese a la “infinidad” de tratados internacionales en materia de desaparición forzada, los gobiernos no hacen nada para detener estos crímenes “y mucho menos para buscar a los desaparecidos, y tampoco para la intervención, no hay leyes que nos protejan contra la desaparición forzada, no hay una ley general y la figura del amparo no nos protege contra la desaparición forzada”.
Es más, señala que figuras como el arraigo son uno de tantos mecanismos legales para continuar con las desapariciones forzadas, “no solamente en Veracruz, en Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas…” y los familiares son quienes están buscando, no las autoridades.
Y en efecto, en muchos casos los colectivos buscan a quienes fueron víctimas de desaparición forzada, como el xalapeño don Carlos Saldaña, cuyos hijos de 20 años, Carla Nallely Saldaña Hernández y Jesús Alberto Estrada Martínez, fueron desaparecidos por expolicías intermunicipales, y asegura que tan sólo en noviembre de 2011, cuando se los llevaron, fueron 14 los jóvenes que desaparecieron y que tenían relación.
¿Por qué no se ha resuelto ningún caso?, se le pregunta a Julio Mata, y responde contundente: porque “simulan que buscan, simulan que investigan, todo es falso, ahí está el caso de los 43 de Ayotzinapa, es clarísimo que es el Ejército, la Policía Federal, la policía local, el presidente municipal, y están coludidos con todo lo que ellos llaman la delincuencia organizada, que ellos son parte, y no pasa nada”.
Las autoridades se niegan, afirma, a dar información, a indagar, a presentar a quienes saben de los desaparecidos, “porque son ellos mismos, no van a enjuiciar a sus propios criminales que están haciendo el trabajo sucio”. La desaparición forzada es una política de Estado, afirma, sin más.
Y así coincide Juan Carlos Trujillo, integrante de la Brigada Nacional en Búsqueda de Personas Desaparecidas, quien afirma que en Veracruz, el principal responsable de las desapariciones es la policía. “Ellos no van a buscar delincuentes, porque se encuentran a ellos mismos”
Pero va más allá, llama a esta política de estado, un “programa de exterminio”,
LOS NÚMEROS DE LA DESAPARICIÓN FORZADA
De acuerdo con las cifras oficiales, el corredor del puerto de Veracruz a Tierra Blanca se concentra una tercera parte de las denuncias por desaparición forzada, donde se acumulan 69. El puerto jarocho tiene 38 denuncias, Boca del Río 5, La Antigua 9, Cosamaloapan 5, Alvarado, Medellín, Playa Vicente e Isla, una, Paso de Ovejas 6 y Tierra Blanca 2.
En segundo lugar se encuentra la región Xalapa con 48: en la capital hay 26 denuncias por desaparición forzada, Banderilla 3, Úrsulo Galván 2, Actopan, Emiliano Zapata, Acajate, 2, Coatepec y Las Vigas una, Perote 4 y Villa Aldama 7.
En la zona centro del estado, el Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con el registro de 39: en Córdoba se concentra el mayor número de denuncias, 13, Orizaba, 9, Acultzingo, Tezonapa, Mariano Escobedo y Carrillo Puerto, una, y Camerino Z. Mendoza y Omealca, con 2 denuncias respectivamente.
Finalmente en el norte del estado existen 19 denuncias: Pueblo Viejo, Tlapacoyan, Benito Juárez y Papantla una, Poza Rica 9, Martínez de la Torre 2 y Álamo Temapache, 4 denuncias.
Pero estos números son apenas la punta del iceberg, si se considera que, como afirma Amnistía Internacional, 97 por ciento de los delitos en México no se denuncian.