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Vandalizan y roban en escuela de Fortín
POZA RICA, Ver., 26 de enero de 2017.- Durante la primera semana de febrero se aplicará otro golpe a la economía popular con un gasolinazo más, confirmó el diputado federal Julio Saldaña Morán, quien acusó que esto es el reflejo del fuerte compromiso del gobierno federal con las empresas extranjeras.
Consideró que ante los efectos nocivos que provocan los gasolinazos, “el gobierno federal debería ser más sensible y entender que lastima la economía mexicana”, y aceptar una reforma en el renglón fiscal.
Sostuvo que “el compromiso del gobierno federal está con los particulares, no con los ciudadanos, y no quiere quedarles mal, para que ellos vengan a ganar su dinero a costillas de Petróleos Mexicanos.”
Explicó que la Reforma Energética estuvo llena de mentiras, además de demagogia, pues “no hay empleo, no hay inversión, no baja el gas, no baja la energía” y detalló que para contrarrestar las protestas ciudadanas, el gobierno implementó una megacampaña publicitaria para justificar sus malos manejos económicos.
Subrayó que el incremento en el precio de los combustibles no está justificado, pues el petróleo no ha subido, y reiteró que el aumento se debe “a que el gobierno federal tiene compromisos con empresas privadas trasnacionales, quienes van a invertir en 11 mil 500 gasolineras”, es decir, 9 mil millones de dólares, “tienen que ver la manera de sacar ese recurso, y lo más fácil para la Secretaría de Hacienda es subirle el precio a la gasolina”.
Mencionó que desafortunadamente la Reforma Energética no es reversible para echar abajo la liberación del precio de los combustibles, pero se puede hacer “una reforma a la reforma”, pero hace falta voluntad política para ello.
Aseguró que estamos peor que en los tiempos de la expropiación petrolera, ya en aquel tiempo éramos un país en vías de desarrollo, y los mexicanos son privados de la tercera empresa productora a nivel nacional.
Informó que la Comisión Reguladora de Energía otorgó más de 300 permisos para gasolineras, que irán a manos de empresas extranjeras, a quienes fijó tasas de deducibilidad de 60 por ciento en relación a sus ingresos, mientras que a las empresas mexicanas del orden de 12 por ciento, lo que al final de cuentas perjudica a los mexicanos.