Gabriel García-Márquez/Sentido común

LA DISPUTA DE TRUMP CONTRA HARVARD  

La Universidad de Harvard ha presentado una demanda contra el gobierno de Donald Trump luego de que este revocara su autorización para matricular a estudiantes internacionales. La medida, calificada por Harvard como una «violación descarada de la ley», fue frenada temporalmente por la jueza federal Allison Burroughs, pero el enfrentamiento revela mucho más que una simple cuestión administrativa: es el punto álgido de una batalla ideológica, política y legal entre la administración republicana y una de las instituciones más influyentes del mundo académico.

UNA OFENSIVA JUDICIAL CON TRASFONDO POLÍTICO

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notificó a Harvard la revocación de su acceso a programas de visado para estudiantes extranjeros, lo que afecta directamente a más de una cuarta parte de su alumnado. En su demanda, la universidad denunció una intención deliberada de represalia por parte del gobierno federal, al que acusa de intentar someter la vida académica a criterios ideológicos y autoritarios.

La acción del DHS fue acompañada de acusaciones por parte del gobierno de Trump, que señaló a Harvard por supuestamente no hacer lo suficiente para combatir el antisemitismo y por favorecer discursos progresistas mientras «silencia» las voces conservadoras. Desde la Casa Blanca, esta narrativa ha sido constante: Harvard y otras universidades de élite son percibidas como bastiones liberales que se oponen abiertamente a las políticas republicanas.

LAS VERDADERAS CAUSAS DEL DISTANCIAMIENTO

El conflicto entre Donald Trump y Harvard no es nuevo, ni se limita al ámbito migratorio. Este enfrentamiento se ha ido gestando desde el inicio de su primer mandato y responde a varias causas estructurales:

1. Percepción de elitismo académico: Para Trump y muchos de sus seguidores, universidades como Harvard simbolizan a una élite liberal que desprecia a la «América profunda» y a los valores tradicionales.
2. Choque ideológico: Las posturas progresistas predominantes en el ámbito universitario contrastan con la narrativa conservadora de la administración, que ve en las universidades centros de adoctrinamiento ideológico.
3. Autonomía académica vs. control político: El gobierno ha intentado condicionar fondos y beneficios fiscales a ciertas posturas o políticas internas, lo que ha sido rechazado por las universidades como una amenaza directa a su independencia.
4. Conflicto en torno a Palestina e Israel: Harvard ha sido blanco de críticas por permitir protestas pro-palestinas, lo que para el gobierno es sinónimo de antisemitismo, pese a que la universidad ha implementado medidas para combatir el odio sin renunciar a la libertad de expresión.

¿QUÉ SE ESPERA Y CUÁLES UNIVERSIDADES PODRÍAN SEGUIR?

Aunque la orden de restricción temporal da un respiro a Harvard, el conflicto está lejos de terminar. Se espera que el caso escale a tribunales superiores e incluso pueda llegar a la Corte Suprema, especialmente si el gobierno insiste en usar herramientas legales y fiscales como presión política. En el corto plazo, es probable que Harvard obtenga una suspensión permanente de la medida, pero el precedente será peligroso si el gobierno continúa con su cruzada ideológica contra instituciones académicas.

Además, el caso de Harvard no es aislado. Otras universidades como Yale, Columbia, Stanford o el MIT podrían enfrentar presiones similares. Ya han sido objeto de auditorías federales, advertencias fiscales y amenazas de suspensión de fondos. La estrategia parece clara: usar los instrumentos del Estado para domesticar a instituciones críticas o rebeldes.

¿HACIA DÓNDE MIGRARÁN LOS ESTUDIANTES DESPLAZADOS?

En caso de que la medida contra Harvard se mantuviera, los estudiantes internacionales afectados enfrentarían decisiones drásticas. Muchos de ellos ya exploran alternativas académicas en Canadá, Reino Unido, Australia y países europeos como Alemania y Países Bajos, cuyas universidades han reforzado sus políticas de acogida ante el endurecimiento migratorio en Estados Unidos.

Canadá, por ejemplo, ha ganado terreno como destino académico por su sistema migratorio más amigable, altos estándares educativos y clima político más estable. Universidades como la de Toronto, McGill y British Columbia han visto incrementos constantes en sus matrículas internacionales, especialmente desde 2016, cuando comenzó el primer mandato de Trump.

Otros estudiantes, especialmente de Asia y Medio Oriente, podrían optar por regresar a sus países de origen o ingresar a instituciones locales de alto nivel, mientras que un segmento más reducido podría intentar trasladarse a universidades privadas dentro de Estados Unidos que no hayan sido afectadas por medidas similares.

Lo preocupante es que Estados Unidos, históricamente el mayor receptor mundial de talento internacional podría estar erosionando esa posición privilegiada. No solo perdería estudiantes brillantes, sino también el impacto económico que representan: más de US$40.000 millonesanuales en matrículas, alojamiento y consumo, según datos de la Asociación de Educadores Internacionales.

LOS MEXICANOS EN HARVARD

En 2020, Harvard University tenía alrededor de 138 estudiantes mexicanos, lo que la convierte en un destino destacado para jóvenes de México. Existen apoyos como la Fundación México en Harvard y el grupo estudiantil RAZA, que ofrecen asistencia financiera y espacios de representación. Aunque algunos estudiantes enfrentan incertidumbre por políticas migratorias recientes, la universidad ha reafirmado su respaldo a la comunidad internacional y ha tomado acciones legales para protegerla.

Se espera que la demanda de Harvard contra el gobierno de Donald Trump se convierta en un caso emblemático sobre los límites del poder ejecutivo frente a la autonomía universitaria y los derechos de estudiantes internacionales. Se espera que Harvard gane en las cortes, pero el proceso tendrá implicaciones de largo alcance sobre el equilibrio entre autonomía universitaria y poder federal. El mundo académico, dentro y fuera de Estados Unidos, sigue este caso como una señal de hasta dónde puede llegar el autoritarismo disfrazado de regulación administrativa.