Gabriel García-Márquez/Sentido común

ES TIEMPO DE ACABAR CON LA VIOLENCIA MACHISTA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó oficialmente la campaña permanente “Es tiempo de mujeres sin violencia”, una iniciativa que busca erradicar la violencia de género en el país. Este anuncio, realizado en el marco del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, subraya la urgencia de garantizar los derechos de las mujeres y fomentar una sociedad más igualitaria.

Claudia Sheinbaum también adelantó que se presentarán leyes secundarias en el Senado para fortalecer estas acciones. Entre las prioridades se encuentra la creación de una fiscalía especializada en violencia de género y feminicidios, con el objetivo de garantizar justicia, prevenir agresiones y eliminar la impunidad.

Con este movimiento, el gobierno federal establece las bases de una reforma integral que promueve la atención, protección y justicia para las mujeres, niñas y adolescentes, marcando un precedente histórico en la lucha contra la violencia de género.

En colaboración con la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, se delinearon las estrategias iniciales de esta campaña que busca transformar conductas cotidianas y estructurales. Este esfuerzo incluye tanto la erradicación de violencias como la construcción de una cultura de igualdad en todo el país.

Citlalli Hernández subrayó que el éxito de esta iniciativa dependerá de la participación conjunta del gobierno, las instituciones y la sociedad civil, recordando que la violencia de género no debe ser normalizada.

UN LLAMADO AL CAMBIO COLECTIVO CON DERECHOS GARANTIZADOS

La campaña contempla reformas fundamentales en la Constitución Mexicana para fortalecer los derechos de las mujeres y consolidar un marco legal que respalde la acción del Estado. Estas modificaciones incluyen:

• Artículo 4: Establece el derecho a una vida libre de violencias, con el deber reforzado del Estado de proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
• Artículo 21: Incluye la perspectiva de género en las instituciones de seguridad pública, garantizando una vida libre de violencia como parte de su mandato.
• Artículo 73: Otorga a las autoridades federales facultades para implementar medidas de protección a mujeres en situación de violencia.
• Artículo 116: Obliga a las entidades federativas a contar con fiscalías especializadas y a juzgadores a actuar con perspectiva de género.

Diez compromisos para una transformación cultural

El gobierno federal delineó diez compromisos para asegurar la implementación efectiva de esta campaña, entre los que destacan:

1. Coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno.
2. Capacitaciones obligatorias para servidores públicos.
3. Garantizar atención adecuada a mujeres en situación de violencia.
4. Presupuestos estatales alineados con la prevención y atención de violencia.
5. Estrategias de comunicación permanentes.
6. Cero tolerancia a cualquier forma de violencia de género.
7. Promoción de acciones integrales para la prevención.
8. Modelos fortalecidos contra la violencia feminicida.
9. Prevención desde las aulas.
10. Creación de fiscalías especializadas y abogadas para las mujeres.

¿DÓNDE HA FALLADO EL GOBIERNO EN LA PROTECCIÓN A LAS MUJERES?

Aunque estas iniciativas representan un paso significativo, diversos sectores han señalado las áreas donde el gobierno ha fallado en su tarea de garantizar seguridad y justicia para las mujeres. Entre las principales críticas se encuentran:

1. Altos índices de impunidad: Muchos casos de feminicidios y violencia de género permanecen sin resolverse, dejando a las víctimas y sus familias sin justicia.
2. Falta de presupuesto suficiente: Aunque se han anunciado acciones, los recursos asignados a las instituciones encargadas de prevenir y atender la violencia han sido insuficientes y en algunos casos recortados.
3. Desigualdad en la implementación regional: Las medidas no se aplican con la misma efectividad en todo el país, dejando a estados y comunidades rurales más vulnerables.
4. Deficiencias en las fiscalías especializadas: Aunque se han creado fiscalías enfocadas en la violencia de género, muchas carecen de personal capacitado, recursos tecnológicos y autonomía suficiente para actuar con eficacia.
5. Persistencia de estigmas y prejuicios: En muchos casos, las autoridades encargadas de atender a las víctimas aún reproducen actitudes discriminatorias que revictimizan a las mujeres.
6. Debilidad en la prevención: Las campañas de sensibilización no han sido suficientes para transformar las conductas que perpetúan la violencia, ni se han implementado de manera constante en espacios educativos y comunitarios.
7. Falta de información: Hace falta mejorar la atención a las mujeres que acuden a las oficinas municipales y no se les orienta adecuadamente hacia dónde se deben dirigir para poner alguna denuncia.

UN FUTURO INCIERTO: JUSTICIA Y SEGURIDAD COMO PRIORIDAD

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado los avances que se esperan con “Es tiempo de mujeres sin violencia”, los retos estructurales y culturales siguen siendo un obstáculo para la erradicación de las agresiones de género. Activistas y especialistas coinciden en que el verdadero impacto de estas acciones dependerá no solo de las reformas legales, sino también de una voluntad política sostenida y una ejecución adecuada en todos los niveles de gobierno.

Con estas acciones, el gobierno busca saldar una deuda histórica con las mujeres de México, pero el camino hacia una sociedad libre de violencia aún requiere de mayor esfuerzo, coordinación y compromiso de parte de las autoridades.

Sin embargo, para que estas reformas tengan un impacto real, el gobierno deberá trabajar en corregir los fallos mencionados y fortalecer los sistemas existentes, pues una campaña, aunque ambiciosa, no será suficiente para erradicar la violencia sin un compromiso efectivo y una ejecución impecable.

Desafortunadamente, en México existe un alto porcentaje de impunidad en los delitos relacionados con violencia de género, incluyendo los feminicidios. Según datos recientes de organismos nacionales e internacionales, más del 90% de los casos de feminicidios quedan sin resolución judicial, lo que significa que la mayoría de los responsables no son castigados. Esta cifra refleja un problema estructural en la procuración e impartición de justicia en el país.

Es importante que en este nuevo intento por combatir la violencia contra las mujeres se destine un presupuesto que sea suficiente para alcanzar las metas trazadas y acabar de una vez por todas con este flagelo que tanto daño ha ocasionado a las familias.