Gabriel García-Márquez/Sentido común
En los últimos meses, México ha sido escenario de múltiples manifestaciones y protestas, que reflejan el creciente descontento de la población con las decisiones del gobierno federal que está por finalizar. Sin embargo, estas protestas también son aprovechadas por algunos líderes locales y actores políticos, que desean ganar notoriedad y reconocimiento, especialmente en un momento de transición gubernamental.
Entre los eventos más destacados se encuentran los enfrentamientos entre cárteles en Culiacán, donde la violencia ha generado terror y caos en la población, afectando la seguridad pública. En Guanajuato, el estado ha sido sacudido por una ola de asesinatos, lo que ha exacerbado la crisis de violencia y dejado decenas de muertos. En paralelo, continúan los reclamos de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes siguen exigiendo justicia y verdad ante lo que consideran una falta de transparencia y resultados por parte del gobierno que les prometió encontrar a sus hijos.
En el estado de Veracruz, las protestas también han cobrado fuerza. Hace unos días habitantes de Texistepec y sus alrededores tomaron la autopista que conecta a Cosoleacaque con Acayucan (una de las principales vías de comunicación del país), generando caos vehicular y exigiendo respuestas a sus demandas de obras e infraestructura. De igual manera, esta semana los habitantes de Tatahuicapan tomaron medidas drásticas al cerrar las válvulas de la presa Yuribia, dejando sin agua potable a Coatzacoalcos, una de las ciudades más importantes del sur del estado, exigiendo la perforación de pozos en su municipio y secuestrando a dos funcionarios municipales. Al comenzar la semana en Jáltipan, la población bloqueó la carretera libre en reclamo porque la fiscalía del estado dejó libre al responsable de la muerte de un ciudadano en un accidente carretero. Ésta es una muestra de cómo el descontento local puede rápidamente tomar dimensiones más amplias y afectar a terceros.
Uno de los casos más recientes y significativos fue la protesta de los trabajadores del Poder Judicial, quienes se oponen a la reforma judicial promovida por el gobierno y aprobada por el poder legislativo. Estos trabajadores han alzado la voz en múltiples puntos del país, argumentando que la reforma amenaza su estabilidad laboral y los derechos adquiridos.
Sin embargo, quizás el suceso más notable en términos de impacto político y que ha acaparado las redes sociales fue la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Veracruz, donde fue abucheado y tachado de «dictador» por algunos manifestantes, y en un incidente particularmente tenso, una botella de agua fue lanzada hacia el mandatario, aunque afortunadamente no lo alcanzó, resultando que el responsable de lanzar este proyectil es un empleado del gobierno del Estado.
Este clima de descontento social y político no es algo nuevo en la historia del país, pero adquiere relevancia en contextos de cambio gubernamental. En muchos casos, las manifestaciones se convierten en plataformas para líderes locales que buscan hacerse notar, no solo para llamar la atención del gobierno federal, sino también por sus propios intereses políticos. Es aquí donde se repite un modus operandi perverso: aprovechar la atención mediática y la crisis social para posicionarse como figuras de peso en el ámbito político.
Ante este panorama, es crucial que los gobernantes, tanto federales como estatales, actúen con mesura, pues no deben ceder a la presión política de quienes buscan reconocimiento a través de la manipulación del descontento popular, sino que deben enfocar sus esfuerzos en hacer respetar la ley y garantizar que las legítimas demandas ciudadanas se atiendan dentro de los cauces institucionales.
El reto para las autoridades es enorme, pero es necesario un liderazgo firme y comprometido con el estado de derecho, que no caigan en el juego de la demagogia y la provocación. Solo así será posible avanzar hacia un México más estable y justo, donde las voces de los ciudadanos sean escuchadas sin que se comprometa el orden público ni la integridad de las instituciones.
Todo mundo entiende que detrás de todo este alboroto está el interés de hacerse notar para alcanzar la nominación a una alcaldía o ser tomados en cuenta para ocupar alguna cartera de los gobiernos que están por entrar, sea federal o local.