Gabriel García-Márquez/Sentido Común

LO LEGAL NO SIEMPRE ES LO JUSTO

A últimas fechas se ha venido hablando mucho de lo que es justo y lo que es legal, es decir se hace una diferencia entre la legalidad y la justicia, incluso el Presidente de la República se ha enfrascado en este tema más de una vez, dándole prioridad a la justicia más que a la legalidad, aun cuando afirma que hay puntos de coincidencia entre ambos y él se inclina más por la justicia que por el derecho, aun cuando lo correcto sería que no debiera existir ninguna diferencia, de manera que lo legal debe ser justo y lo justo debe ser legal.

Sin embargo, esto es solamente un debate, porque en la realidad las cosas son muy distintas. Lo legal es que las personas se adecuen a las leyes y lo justo es ver la parte moral del derecho de manera natural. Lo correcto es que las leyes sean justas, pero por desgracia la diferencia está en la aplicación del derecho en que los impartidores de justicia cometen actos deshonestos e injustos. Cometer un delito no es justo, pero la forma en que se determina la pena depende de la aplicación de las leyes, que pueden ser interpretadas de una o de otra manera, según el criterio de los jueces y según la sociedad en que se cometen los delitos.

Esta semana los medios de comunicación han dado cuenta de una serie de juicios que se están llevando a cabo en distintos puntos tanto del país como de los Estados Unidos.

El más reciente es el juicio del actor mexicano Pablo Lyle, quien fue sentenciado a 5 años de prisión por cometer un homicidio involuntario en los Estados Unidos. Luego de un largo juicio que duró alrededor de cuatro años, el actor fue encontrado culpable de homicidio por un incidente que protagonizó en 2019, cuando por un ataque de ira causado por un accidente vial dio muerte a un cubano de 63 años. En realidad, la sentencia es de 13 años (5 en prisión y 8 en libertad condicional). La defensa no pudo probar su inocencia y tampoco pudieron lograr que la pena fuera menor. Al final fue declarado culpable de homicidio involuntario. Los alegatos fueron desechados, aún cuando el actor actuó en defensa propia y en realidad no trató de quitarle la vida, sino que el fallecimiento fue producto de una caída en que se fracturó el cráneo. Sin embargo, la jueza no se tocó el corazón por Lyle y lo condenó, porque así se aplican las leyes en Estados Unidos.

En México las cosas son distintas, las leyes se aplican de otra manera y aun cuando el Presidente afirma que él prefiere aplicar la justicia que las leyes, los jueces no piensan lo mismo, como ejemplo bastan 3 casos en que la aplicación de las leyes ha sido injusta.

Como resultado del choque de trenes en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México sucedido el 7 de enero, fue vinculado a proceso el conductor Carlos N por homicidio culposo y lesiones, toda vez que en este accidente falleció una estudiante de la UNAM. El conductor del Metro, quien es un trabajador sindicalizado, tendrá que reparar el daño que anda alrededor de los 210 millones de pesos, nada más y nada menos, tratando de inculparlo para deslindar responsabilidades el STC. Esperamos que el poder judicial absuelva al conductor, que siguió en todo momento el protocolo establecido para este tipo de accidentes.

Por otro lado, en el caso de la saxofonista María Elena Ríos, la defensa del presunto autor intelectual del intento de feminicidio al arrojarle ácido en la cara, ha tratado por todos los medios de que se le dé prisión domiciliaria a Vera Carrizal, promoviendo la reclasificación del delito pasándolo de tentativa de feminicidio a lesiones.

Tuvo que mover cielo, mar y tierra ante los medios de comunicación para que no se lograra la reclasificación del delito, toda vez que estuvo a punto de ser mandado a su casa y en cualquier momento podría ser perdonado o exonerado. 

En este caso el sistema de justicia le ha permitido a Juan Vera Carrizal presentar todo tipo de amparos y triquiñuelas, para no ser sentenciado y sigue pugnando por obtener la prisión domiciliaria.

Esto solamente es una muestra de que la impartición de la justicia está en entredicho, aun cuando el Presidente diga que prefiere la justicia a la aplicación del derecho. 

Los jueces solamente tienen que decir si son culpables o inocentes, sin declarar culpables a los inocentes ni inocentes a los culpables.