Gabriel García-Márquez/Sentido común

VUELVE LA BURRA AL TRIGO

Tal parece que los diputados de Morena de la Ciudad de México no se cansan de insistir en su propuesta de modificar la Ley de Vivienda, para acabar con el patrimonio de los propietarios de inmuebles en renta. Ya en diciembre del año pasado lo habían intentado y su iniciativa fue desechada luego de un sinnúmero de críticas y rechazos.

Ahora con el pretexto de la emergencia sanitaria por Covid-19 de nueva cuenta van contra los caseros, proponiendo que, en ausencia de contrato por escrito, el arrendador tendría que pagar a los inquilinos si es que desea que éstos desocupen el inmueble. Así como con el supuesto interés de dar seguridad jurídica al inquilino y evitar supuestamente el desalojo arbitrario.

La propuesta es a todas luces violatoria de los derechos humanos y se propone que en caso fortuito o de fuerza mayor (terremotos, incendio, pandemias, pestes, tempestades) que impida el pago del arrendamiento, no podrá haber rescisión del contrato.

Como todo mundo lo sabe, con motivo de la pandemia, muchos propietarios de inmuebles han sido empáticos y han accedido de manera voluntaria disminuir el costo de la renta para aquellos arrendatarios que no pueden pagar la totalidad del monto de la renta. Pero esto es un acuerdo entre las partes, que en ocasiones llega hasta el 50% del monto pactado, incluso algunos inquilinos han optado por desocupar el local, conscientes de que su negocio no les da para seguir operando.

En caso de que la reforma propuesta a esta ley se llegara a aprobar los caseros quedarían atrapados y prácticamente desamparados para proceder a la desocupación del arrendatario que no quiera pagar la renta.

Con esta iniciativa de la bancada de Morena, los propietarios quedan indefensos y podrían perder su propiedad, es decir su patrimonio quedaría en riesgo y cualquiera podría hacerse de una casa o departamento nada más con que el arrendador llegara a perder el contrato firmado.

Para los diputados de Morena es muy fácil hacer caravana con sombrero ajeno, porque no han sabido resolver el problema de la vivienda, toda vez que se ha vuelto muy complicado para los trabajadores tener acceso a los créditos del Infonavit, ya que las casas de interés social están incomprables, con precios elevadísimos y en fraccionamientos muy alejados de los centros de trabajo.

Es momento de que los legisladores de la oposición se pongan a trabajar y le piensen un poco, para proteger los intereses de los caseros que han invertido sus ahorros en inmuebles que les pueden generar una renta que les de para vivir, sin tener que recurrir a las pensiones que se han convertido en una verdadera carga para el gobierno.

Los propietarios de inmuebles deben estar amparados y protegidos por la ley, porque si algo hay que defender en México es la certeza jurídica sobre el patrimonio de los mexicanos. Es importante que se proteja la seguridad jurídica de los arrendadores y que no se pisoteen sus derechos y garantías individuales amparadas por la Constitución.

Por cierto, dirán algunos que esto es en la Ciudad de México, pero no hay que olvidar que todo lo que se aprueba en la capital del país, al poco tiempo se aplica también en los demás estados.