Formal prisión para 4 exfuncionarios de Sedesol por delitos electorales

XALAPA, Ver., 12 de diciembre de 2016.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), obtuvo de un Juez de Distrito en el estado de Veracruz, auto de formal prisión en contra de cuatro personas que se desempeñaban como servidores públicos de la Sedesol en el estado de Veracruz, por delitos electorales.

Se trata de Ranulfo Márquez Hernández, ex delegado federal; Felipe Sosa Mora, ex subdirector de área; César Augusto Perdomo Buenrostro, ex enlace de Atención Ciudadana; Graciela Tejeda Martínez, ex enlace Operativo, de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el estado de Veracruz, durante la administración del ex gobernador Javier Duarte.

En un comunicado la Fepade informó que a los ex funcionarios, se les atribuye haber destinado de manera ilegal servicios (Programas de Desarrollo Humano) a su cargo, durante el período comprendido entre los meses de marzo y abril de 2013, cuando asistieron a diversas reuniones de trabajo partidista, celebradas indistintamente en el municipio de Boca de Río, Veracruz.

Siendo funcionarios públicos participaban en la planeación de la campaña electoral del PRI, al cual proporcionaban y ponían a su disposición información sobre los padrones de beneficiarios del programa social federal denominado “Oportunidades”, así como las listas de candidatos a ser beneficiados por el programa social “65 y Más” o “Pensión para Adultos Mayores”, con la finalidad de dar de alta, incluir a dichos Programas y beneficiar con los mismos, a ciudadanos y ciudadanas que fueran afines a dicho partido político.

Con su actuación, los inculpados vulneraron el adecuado desarrollo de la función pública electoral que abarca la organización y realización de los procesos electorales, así como la equidad e igualdad de condiciones en la contienda electoral.

El artículo 407, fracción III del Código Penal Federal, en el que se establece que se castigará al servidor público que destine de manera ilegal servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, en apoyo de un partido político.