Felipe de J. Monroy*/Entre la persona y sus fronteras

Detrás del fuego y las cenizas, la ineludible mirada de una indecisión nos juzga. No ahora, sino desde hace décadas, México no ha sido capaz de definir una política migratoria no sólo congruente sino consecuente. Sin duda existen los mínimos que la dignidad y los derechos humanos obligan a los Estados a procurar a las personas en tránsito pero también es preciso comprender cuáles son los márgenes reales que las instituciones tienen frente a las personas migrantes.

Es decir, si afirmamos tener una política humanista, solidaria, integradora y respetuosa de las personas migrantes, no basta con que el discurso político indique que no se deba perseguir o agredir a ningún migrante por su condición de irregularidad, es imprescindible que los instrumentos y las instituciones que atienden realidades migratorias no estigmaticen ni criminalicen a dicho sector (ni a quienes les asisten humanitariamente), que tengan suficientes mecanismos y márgenes de operación para garantizar el respeto y la tolerancia de la sociedad en favor de la seguridad, del bienestar y de las mejores condiciones posibles para las personas en tránsito.

Por supuesto, estos planteamientos suenan imposibles para un país con serios desafíos económicos y de seguridad terriblemente apremiantes para sus propios connacionales. Es por ello que no pocos afirman que es completamente ilógico proveer o trabajar por condiciones de bienestar para cientos de miles de migrantes extranjeros mientras decenas de millones de compatriotas sufren de condiciones de marginalidad, pobreza, incertidumbre y terror derivada de las múltiples crisis sociales que perviven en el país. Y quizá tengan razón matemática pero, incluso en ese planteamiento que parece optar por un bien mayor, es preciso tener cuidado de no consentir una xenofobia o aporofobia disfrazadas de preocupación mayoritaria, lo cual no deja de ser una preocupación gremial.

Por otro lado, si el país llegase a asumir una política franca y abiertamente persecutora del fenómeno migratorio mediante la búsqueda, detención, reclusión y repatriación de migrantes extranjeros; los poderes, las autoridades y el resto de instancias administrativas, (al igual que la sociedad que legitima a dichos gobiernos) estarían obligados a asumir una silente coherencia respecto a las realidades migratorias de sus propios connacionales en otras partes del mundo y también obligados a excluir los ingresos vía remesas como indicadores económicos del país pues no son sino el rostro del fracaso para retener, proteger y promover a tales trabajadores, productores, creativos y demás migrantes que sólo buscan bienestar para los suyos.

Esta última política ‘dura’ contra la migración no es un tema menor y México no es ajeno a esta tendencia global. Se trata de un asunto insólitamente popular entre más de una treintena de partidos políticos europeos –según estudios de Lewis y Deole para el Instituto Leibniz de Investigación Económica de la Universidad de Munich– y evidentemente forma parte de la narrativa política del republicanismo norteamericano contemporáneo. Esta tendencia, por supuesto, influye en decenas de partidos políticos en los países del sur geopolítico, incluso en aquellos heridos profundamente por las acciones discriminatorias e inhumanas cometidas por naciones del norte global… países como México.

Sin dejar de sentir la profunda vergüenza que ha dejado en nuestra conciencia la tragedia que cobró la vida de decenas de migrantes en la estancia de Ciudad Juárez; nuestro país tiene aún la oportunidad de enmendar camino y definir con sabiduría y buen criterio la política migratoria que no sólo merecen los extranjeros en nuestro suelo sino nuestros connacionales (y familiares) en otras patrias. Que la real tragedia de esta miseria no se reduzca a lo miserable de nuestras aspiraciones.

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe