Fanny Yépez/La Columna

-La empresa fantasma que contrató el PAN y el silencio oficial

-Diputados de MORENA reclaman lo que por ley les pertenece

-Orden de aprehensión en contra del alcalde de San Rafael

-Al descubierto la corrupción de Lety Delong en GZ

-Se acaba el tiempo para comprobar gastos a munícipes

La empresa fantasma que contrató el PAN y el silencio oficial

Ya pasaron los días de muertos que marca el calendario oficial, pero una empresa fantasma sigue siendo motivo de observaciones por parte de las autoridades electorales. Extrañamente el ejecutivo estatal que tanto ha señalado esos actos como delictivos y violatorios de la ley, nada ha dicho al respecto.

En el estado que gobierna, en los partidos que lo postulan y en medio de tanta corrupción, nadie de manera oficial, ha salido a dar la cara para decir que se hará justicia y esa famosa frase “caiga quien caiga”.

Tal vez las llamadas de atención sean de manera discreta, porque si se llega a comprobar que incurrieron en la contratación de empresa fantasma, no se la van a acabar los responsables por descuidados.

Tal vez el problema lo cargue completo la empresa Tornado Consulting Group, porque no reactivó su acreditación ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del Instituto Nacional Electoral, antes de la fecha en que fue contratada, el 2 de mayo de este año y lo hizo hasta el 19 de mayo, por lo que incurrió en una violación del artículo 356 del Reglamento de Fiscalización del árbitro electoral.

Así es que ese registro no existe como para hacerse merecedora de esa contratación que seguramente debe ser millonaria.

Alguien se preocupó por documentar todo ese trámite y lo entregaron a la periodista Carmen Aristegui y de ahí se hizo público, por lo que además de la sanción el PAN-PRD podrían recibir una multa por incurrir en esas violaciones.

Y como generalmente sucede en estos casos, continuaron las investigaciones y resulta que la empresa al momento de la contratación, dio domicilios en los que no se le pudo localizar y finalmente la localizaron en la calle Dr. Antonio García 1009, colonia Reserva Tarimoya 2 en el municipio de Veracruz, pero al indagar con los vecinos del lugar, nadie conoce al representante legal de esa empresa Tornado Consulting Group, Marco Antonio Cancino.

Es decir, todo cae por su propio peso.

El único que Salió a dar una explicación fue el tesorero del PAN en Veracruz, Omar Miranda Romero, pero sacó las manos y dijo desconocer el estatus de esa empresa y si tenía el mencionado registro. O sea, ¡tú los contrataste, tú lo resuelves!

Diputados de MORENA reclaman lo que por ley les pertenece

El liderazgo del diputado de MORENA, Amado Cruz Malpica, ha quedado demostrado nuevamente, al exigir lo que por ley le corresponde y no permitir que la fracción panista-perredista se salgan con la suya violando los principios más elementales de justicia.

Amado exige a la autoridad competente respeto a derechos político electoral y revisión jurídica de la actual presidencia de la Jucopo.

Desde el pasado 31 de octubre del presente año presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, al que se le asignó el Cuaderno de Antecedentes No. 275/2017.

El juicio se enfoca contra actos y omisiones realizados por quien se ostenta como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso de Veracruz, el Diputado Sergio Hernández Hernández del Partido Acción Nacional (PAN).

El Grupo Legislativo de Morena considera que se trata de actos y omisiones que traen como consecuencia la violación del derecho humano de votar y ser votado, ya que se le niega el acceso al cargo de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso Veracruzano.

De esa forma se desconoce el acuerdo inicial firmado en el acta de instalación de la Junta de Coordinación Política, de fecha ocho de noviembre de 2016, misma que fue realizada y firmada por todos los Grupos Legislativos y en la que se validó la rotación de la presidencia de la JUCOPO.

En la fecha referida, se acordó que dicha Junta se dividiría en tres periodos, los cuales quedaron asentados de la siguiente manera; diez meses para el PAN, quien sería representado por el Diputado Sergio Hernández Hernández, ocho meses para el partido Morena representado por el Diputado Amado Jesús Cruz Malpica y seis meses para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), representado por el Diputado Juan Nicolás Callejas Roldán.

El legislador Cruz Malpica, asegura que le causa agravio personal y directo el hecho de que no se cumpla con lo establecido en el acta de instalación de la Jucopo de la 64 Legislatura del Estado de Veracruz.

Ese comportamiento de los diputados panistas además de ilegal, es deshonroso y solo los exhibe como abusadores en tiempos cuando los veracruzanos sabemos leer y escribir y que bueno que Amado Cruz Malpica de manera pública lo denuncie. Así se la gastan esos diputados paniperredistas.

Orden de aprehensión en contra del alcalde de San Rafael

Faltan menos de dos meses para que concluyan las administraciones municipales y ya existe una orden de aprehensión en contra del alcalde de San Rafael, Héctor Lagunes Reyes, por negarse a pagar un laudo por 6 millones de pesos.

Fueron dejando las cosas al tiempo y no resolvieron, pensaron que ellos no habían provocado ese problema, porque se trata de 10 trabajadores que fueron despedidos injustificadamente desde el año 2011, por otra administración municipal.

De acuerdo al expediente laboral 572/2011-IV, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ordenó que se reinstalara a esos trabajadores, reconocieran su antigüedad y su base. La instrucción fue girada el 21 de agosto pasado y corrió el tiempo sin que se cumpliera por lo que se giró orden de aprehensión del alcalde por 36 horas.

Los magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje pidieron que también sean intervenidos el síndico León Stivalet Ramírez; y el regidor primero, Juan Antonio Delong Huerta por negarse a realizar ese pago de los 6 millones de pesos.

Al descubierto la corrupción de Lety Delong en GZ

En un audio enviado a la redacción de este medio, se escucha una conversación entre la presidenta municipal de Gutiérrez Zamora, Lety Delong y una mujer  desconocida donde hablan de la compra de taxis al por mayor.

El audio dura 19 segundos y deja muy mal parada a la alcaldesa, porque en él, admite haber comprado taxis; que su contralora también compró y que habría mandado a su secretaria particular a comprar todos los que hubiera en existencia. Además admite haber ofrecido taxis a todos sus cómplices.

En el audio se escucha a la presidenta decir «no me arrepiento de nada».

La imponente flotilla de taxis, que se dice que ya son más de 50 en Coatzintla, Poza Rica, Papantla y Gutiérrez Zamora, propiedad de Lety Delong,  era un secreto a voces, pero ha dejado de serlo pues  ella misma se ha encargado de confirmarlo con una desfachatez que indigna y ofende.

Mi informante me dice que hay dos audios más siendo sometidos a pruebas periciales, para verificar su autenticidad y que en uno de ellos (en el que se habla de «mochadas de obra pública» y facturaciones con una empresa fantasma), figura como interlocutor un conocido empresario papanteco, quien hace meses fuera precandidato del PRI a la presidencia municipal de Gutiérrez Zamora y esposo de la actual regidora electa del mismo municipio.

Se corren versiones de que en los próximos días ciudadanos inconformes e indignados podrían manifestarse a las afueras de palacio e incluso tomarlo.

Todo este escenario se presenta cuando faltan solamente dos meses para concluir la presente administración. Así es que los resultados de las posibles auditorías que se realizarán posteriormente son de pronóstico reservado.

Se acaba el tiempo para comprobar gastos a munícipes

No hay que olvidar que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) reveló que 122 municipios de los 212 que tiene el estado de Veracruz, presentan daño patrimonial en sus cuentas públicas del 2016.

La suma total del daño patrimonial de los 122 municipios es de718 millones de pesos y el tiempo se les está acabando, porque los involucrados tendrán derecho de presentar documentación, argumentos o reintegrar el recurso que no pudieron comprobar.

A nivel estatal la coordinación de Comunicación Social es la dependencia gubernamental con el mayor presunto desvío de recursos, estimado en 2 mil 200 millones de pesos.

Lamentable que después de vivir con todos los honores y en la opulencia, ahora tengan que devolver lo que tomaron sin ser de ellos y con el riesgo inminente de ir a parar a la cárcel.

Los alcaldes cuatro años como reyes pero ahora deben tener sus pesadillas diarias por el temor de lo que les pueda pasar al concluir su administración o antes, como le está sucediendo al alcalde de San Rafael.

Pero no solo van por el alcalde, sino por el regidor y el síndico, situación que se puede repetir en muchos municipios, porque emocionados en los meses y años anteriores todos metían la mano al cajón con la complacencia del alcalde y a la mera hora toda tendrán que rendir cuentas.

No se trata de municipios pequeños sino de todos, también esos alcaldes conspicuos tendrán que explicar que hicieron con esos gastos que no puedan comprobar.

Quien sabe cuántas empresas fantasmas van a aparecer en los próximos meses.