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Va San Lázaro por prohibición al maíz transgénico
XALAPA, Ver.- Aunque no precisó el número de empresas y proveedores que integran el anexo uno de la Ley para la creación de dos Fideicomisos sobre el Impuesto del Tres por Ciento a la Nómina, el diputado local Julen Rementería del Puerto apuntó que es basto y excesivo.
Aunque mediáticamente se filtraron los adeudos con medios de comunicación, el legislador detalló que se trata de proveedores de todas y cada una de las dependencias que integran el gobierno del estado e incluso desde la oficina del gobernador hasta empresas que proveyeron de materiales para equipo de protección en las dependencias.
«Son miles, muchos proveedores. Hay cantidades muy importantes que se le deben al Seguro Social, a compañías de seguros, hay varias dependencias que adeudan cantidades multimillonarias como la SIOP, pero también Salud, Sedarpa, Seguridad Pública y estamos en la revisión de todo el legajo y son más de 300 hojas y a renglón seguido y letras chiquitas. Hay desde restaurantes, presupuesto a medios de comunicación, constructoras y proveedores de todo tipo».
Julen Rementería mencionó que existe una inconformidad de toda la sociedad civil y en especial del sector empresarial, quienes están en contra, pues muchos de los proveedores que deberían de estar no fueron incluidos y hay otros que no deberían de ser contemplados, como una de las empresas a las que le rescindieron los contratos para realizar obras en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y que se especifica que se le adeuda la cantidad de más de 20 millones de pesos.
Sobre la deuda contemplada al Seguro Social, el legislador cuestionó hacia dónde se fue el recurso, pues a los empleados se les hicieron las retenciones debidas de sus nóminas y el recurso se lo quedó la Secretaría de Finanzas, «eso es un delito».
«Aquí lo que queda es eliminar esta pretensión y simplemente que se haga un análisis serio, concienzudo de quiénes son los que realmente ameritan un pago y que se les pague por otra vía porque no tiene porqué hipotecarse los ingresos futuros del estado y menos de los ingresos que corresponden a un fin que como en un principio se dijo, era el poder generar infraestructura y obra pública que tanta falta le hace al estado».
El diputado panista explicó que para que se pudieran contratar los servicios de estas empresas, se tuvo que hacer un oficio de «suficiencia presupuestal»; es decir, tener autorizada una partida presupuestal para poder comprometer los recursos, lo cual evidentemente no fue del impuesto a la nómina, «entonces qué pasó con ese dinero que estaba comprometido, a dónde se desvió, qué fue de él, porque los dineros si llegaron al estado y no hubo un déficit en los ingresos, pero por qué no se pago».
Por último, comentó que la iniciativa tendrá que ser analizada detenidamente, aunque existe la posibilidad de que no sea aprobada pues tienen temor entre los legisladores del PRI de que se les pueda fincar alguna responsabilidad legal, porque no pueden aprobar, a partir de una lista que se entrega y garantizar a través de un decreto que se vuelve ley, a que se obligue a la próxima administración que se pague, esto de acuerdo a la nueva Ley de Responsabilidad Hacendaria.