Endurecen diputados Ley de entrega-recepción para estado y municipios

XALAPA, Ver., 31 de julio de 2017.- El Congreso del estado aprobó una nueva ley de entrega-recepción que establece el proceso de cambio de las administraciones públicas estatal y municipal.

En la misma se considera el proceso de entrega de la Administración Pública Municipal 2014-2017, que inicio en el mes de mayo, aunque únicamente será tomado en cuenta para el cierre de las administraciones locales.

Dicha modificación indica que el proceso se dará en tres etapas, la primera comprenderá los meses de enero a abril del último año del periodo constitucional, en el cual se emitirá la Guía o Manual, se capacitará a los servidores públicos entrantes, se integrará el Comité de Entrega, se acopiarán documentos en materia de organización, planeación, marco regulatorio y situación legal, administrativa, inversión pública y de transparencia.

Durante la segunda etapa que se desarrollará en los meses de mayo y agosto, se integrarán documentos de tipo financiero, de control y fiscalización y de compromisos institucionales.

Mientras que la tercera etapa tendrá lugar en los meses de septiembre a noviembre, en donde se realizará un ensayo de entrega con la información antes citada, a fin de conocer los avances del proceso de preparación de la transmisión institucional y tomar las medidas preventivas o correctivas, mientras que para la primera quincena de noviembre, iniciarán la actualización e integración de la documentación final, de manera que con límite al último día de noviembre, se produzca la información completa y definitiva que integrará el Expediente de Entrega.

Este proceso están obligados a cumplirlo el Gobernador del Estado, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores; titulares de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo o de la Administración Pública Municipal, así como sus subordinados con nivel de subsecretario, director general, director de área, subdirector, jefe de departamento, y aquellos con niveles homólogos a los referidos.

Así como todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo o la Administración Pública Municipal que ostenten un empleo, cargo o comisión, y deban separarse del mismo.