En 6 meses, 90 mujeres asesinadas en Veracruz: investigadora UV

XALAPA, Ver., 4 de septiembre de 2018.- La investigadora de la Universidad Veracruzana (UV), Estela Casados González, criticó que el gobierno federal no contemple sanciones económicas ni administrativas para los gobiernos locales que incumplan con las recomendaciones hechas en las Alertas de Violencia de Género.

En entrevista en el parque Los Berros, informó que de acuerdo con cifras y estimaciones a través de medios de comunicación, en el primer semestre del año son 90 las mujeres que han sido víctimas de asesinato entre feminicidios y homicidios, por lo que solicitan al próximo Gobierno del Estado poner principal atención en la materia.

Al respecto, dijo que no se ha dado un presupuesto real y bien etiquetado con perspectiva de género para que se puedan atender en su totalidad las Alertas de Violencia de Género, como en el caso de Veracruz y de todos los demás estados donde se han implementado estos mecanismos.

“Por un lado el gobierno federal no tiene claro cuáles son los mecanismos para penalizar a los gobiernos locales, pero tampoco da presupuesto suficiente para poder realizar, dan 2 millones, 5 millones, y estamos hablando de un problema añejo que mínimo tiene tres administraciones sin atenderse y cualquier presupuesto va a ser poco”.

Al respecto, subrayó que esto no es privativo de Veracruz, pues “las 12 declaratorias de Alerta de Violencia de Género que ha implementado la Federación tienen las mismas consecuencias que vemos en el estado de Veracruz. Esperemos que haya por lo menos un costo político y una acción legal por parte de las organizaciones”.

Asimismo, reconoció que el próximo gobierno estatal y la Legislatura local han mostrado un discurso de respeto hacia los Derechos Humanos y de respeto a los derechos de las mujeres, por lo que tendrían la obligación de resarcir lo que no se ha podido haber en las administraciones pasadas.

“Llegamos a la conclusión de que la situación que viven las mujeres en la entidad en materia de feminicidios y desaparición y los derechos sexuales y reproductivos, y concretamente el agravio comparado, ha rebasado cualquier intencionalidad gubernamental que tiene que ver con que esto, es un problema que viene desde la última década del siglo pasado, entonces más que buscar una tercera solicitud y Declaratoria de Alerta de Violencia por desaparición, hay reformar que las que están vigentes pues funciones”.