El gobierno federal y las encuestas a modo

Cuenta una vieja anécdota de la política mexicana que, en tiempos de la “dictadura perfecta”, un presidente de la República le preguntó a un subordinado suyo: ¿qué horas son?, a lo que el obtuso e incondicional secretario respondió con seguridad: “las que usted ordene, señor presidente”. Hoy gobierna un partido político distinto pero el estilo continúa plenamente vigente.

Lo anterior viene a cuento por la actitud que el gobierno federal y, particularmente, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha adoptado con respecto a las más recientes mediciones y evaluaciones publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre los resultados del gobierno de la 4T en dos temas muy sensibles: la percepción de inseguridad ciudadana y la situación de la pobreza en México. La actitud asumida por la Dra. Sheinbaum en uno y otro tema, dice mucho de los esfuerzos de su gobierno para manipular la conciencia de los mexicanos, falsear la realidad del país y legitimar la permanencia de su partido en el poder.

En junio pasado el Inegi publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU 2025) con datos alarmante sobre el crecimiento de la percepción de inseguridad ciudadana y el incremento de la criminalidad en México, dejando muy mal parado al “segundo piso de la Transformación”. El 63.2% de la población mexicana mayor a 18 años consideró inseguro vivir en su ciudad, esto es 6 de cada 10 mexicanos.

Esta percepción de inseguridad ha venido incrementandose año con año: en 2023 era del 59.1% de la población, en 2024 del 61.9% y en 2025 de 63.2%. Asimismo, la ENSU reveló que lugares públicos y concurridos como los cajeros automáticos, el transporte urbano, las calles, carreteras, bancos y mercados es donde la gente se siente más insegura, con hasta del 70% de los encuestados. Tampoco se libra el hogar familiar, porque el 31% de todas las viviendas del país ha sido víctima de al menos un delito de robo, extorsión o fraude.

La ENSU 2025 también señala que el 58% de la población no tiene ninguna expectativa de que la situación vaya a modificarse en el corto plazo; el 32.5% de los encuestados dijo que “todo seguirá igual” y el 25.4% afirmó que “empeorará”.

Los datos son consistentes con la información aportada por la Encuesta Nacional de Victimización en 2024, también del Inegi, que reveló que para el año 2023 el número total de víctimas de algún delito fue de 21.9 millones de personas, o sea, 23 mil 323 por cada 100 mil habitantes. Mientras que la cifra negra de delitos, aquellos que no son denunciados ni investigados alcanzó el 92%. Así pues, no es nada sorpresivo que se haya incrementado el temor y la zozobra de la población por el temor de caer presa del crimen y la delincuencia.

La ENSU 2025 dio una calificación reprobatoria a la estrategia de seguridad del gobierno morenista que, aunque con ligeras modificaciones, permanece igual que el sexenio pasado. En materia del combate a la delincuencia, de nada ha servido que actualmente existan más fuerzas del orden militarizadas que civiles y tampoco ha funcionado otorgar mayores funciones de vigilancia y espionaje a la Guardia Nacional.

Por esta razón, es entendible que los resultados hayan irritado visiblemente a la presidenta Sheinbaum quien en aquella ocasión descalificó al Inegi, ordenó de forma inmediata que “se investigue la metodología utilizada por el Inegi”, algo que ningún especialista ha cuestionado, y comisionó a funcionarios de su gabinete a realizar “un estudio sobre la situación que refleja la ENSU”, o sea, a que elaboren sus propios datos sobre la inseguridad pública que prevalece en México. A nadie sorprenderá los resultados de este nuevo estudio, serán “las que Usted ordene señora presidenta”.

Pero esta actitud es contrastante con toda la alharaca que el gobierno federal ha desatado sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH 2025), elaborada también por el Inegi y que concluye que en los últimos 7 años de gobiernos morenistas, más de 13 millones de mexicanos han dejado la pobreza. De inmediato el gobierno se apresuró a validar los datos y se atribuyó el logro, como resultado del incremento al salario mínimo y de la dispersión de dinero a través de los programas sociales.

Todos debemos recordar que previamente el régimen eliminó al Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social), organismo autónomo constitucional, encargado de realizar evaluaciones periódicas sobre el impacto de las políticas sociales instrumentadas por los gobiernos, tomando como base las encuestas del Inegi y los datos oficiales, pero también la opinión de otros centros de investigación y de especialistas.

Aún así sus resultados estaban sesgados porque, por ejemplo, para medir la pobreza separaban artificialmente el volumen de ingreso de las personas y la prevalencia de ciertas carencias sociales, como falta de acceso a la salud, vivienda digna o educación, entre otros, para al final, únicamente considerar como “pobres” a quienes presentaran ingresos por debajo de la línea de ingreso mínimo, calculada por ellos, y presentaran varias carencias sociales. Así, al resto de mexicanos que percibieran un ingreso superior a dicha línea, así fuera por 10 pesos, y, además, sufriera solo una o dos carencias sociales, eran considerados como “vulnerables por ingresos” y no población pobre.

Ahora, la ENIGH 2025 ha sido demoledoramente criticada por especialistas y organismos internacionales muy autorizados por falsear la realidad, utilizando una metodología todavía más sesgada que las del Coneval para “disminuir artificialmente la pobreza”. Además, según lo ha demostrado Oxfam México, en el mismo periodo la desigualdad social se ha ensanchado, ahora los mexicanos más pobres ganan en promedio apenas 72 pesos diarios, mientras que los más ricos perciben 31 mil pesos diarios. Al tiempo en que el acceso a la salud, la vivienda y los servicios básicos, educación de calidad e infraestructura urbana para los pueblos y colonias se restringió mucho más. Por lo que de ninguna manera puede aceptarse esa artificiosa disminución de la pobreza.

Así las cosas, no podemos confiar en un gobierno que aplaude las cifras que le son favorables y que descalifica aquellas que le son perjudiciales, aunque provengan del mismo sitio; tampoco podemos confiar en instituciones al servicio del mismo gobierno, que se prestan a la tergiversación y la mentira. Para convencernos de que las cosas están mal, basta con observar de manera crítica lo que ocurre en nuestro entorno diario y ser conscientes de todas las carencias e injusticias de las que somos víctimas.

Sin embargo, para cambiar esta realidad injusta, no basta el conocimiento empírico y espontáneo de los fenómenos sociales, hace falta comprenderlos científicamentamente, de tal manera que no solo podamos entender las verdaderas causas escenciales de los terribles fenómenos sociales que nos azotan, como la inseguridad y la pobreza, sino que también podamos encontrarles solución, no viéndolos como aspectos separados uno del otro, sino como simples manifestaciones exteriores del verdadero problema: el sistema económico que concentra la riqueza en pocas manos y perpetua la pobreza en las grandes mayorías. Así, en lugar de combatir los frutos podridos del árbol de la injusticia nos propondremos cortarlo de raíz.