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XALAPA, Ver., 28 de mayo de 2025.- La noche de este martes, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Coatepec, Edson Corona, encabezó un acto simbólico para “inaugurar” el tramo conocido como Cocolito, de la calle Juárez, lo que generó controversia entre vecinos y observadores del proceso electoral.
La participación directa de un candidato en eventos relacionados con obras públicas durante el periodo de campaña representa una transgresión a las leyes electorales mexicanas. Juristas y observadores electorales recordaron que la ley prohíbe a los candidatos participar en actos institucionales de obra pública, ya que podría configurarse un uso indebido de programas o acciones gubernamentales para influir en el electorado.
De acuerdo con el artículo 134 constitucional y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), los recursos públicos deben manejarse con imparcialidad y sin fines electorales. Un candidato no puede atribuirse la realización o entrega de obras financiadas por el erario, ni participar en su inauguración.
Las únicas autoridades facultadas para entregar formalmente una obra pública son las administrativas en funciones, es decir, el gobierno municipal o estatal según corresponda. Si bien el ayuntamiento puede organizar eventos para dar apertura a obras, debe hacerlo sin protagonismo político ni presencia de actores en contienda, para no incurrir en uso indebido de recursos públicos ni influir en la voluntad ciudadana.
Llama la atención que el presidente municipal, Raymundo Andrade Rivera —quien hoy vive un abierto divorcio con el partido que lo llevó a la alcaldía, alejándose de sus fundamentos y su ideología— consienta públicamente estas acciones, al dar luz verde al regidor con licencia para que actúe como si ya ejerciera funciones de gobierno.
Más que una omisión, la ciudadanía ve complicidad activa entre Raymundo Andrade y Edson Corona. Con pleno conocimiento de la ley, permite —y hasta celebra— que su protegido político utilice una obra pública como trampolín electoral. Lo que debería ser un acto institucional, neutral y respetuoso del proceso democrático, termina convertido en un espectáculo de campaña con recursos del pueblo. Es un claro ejemplo de cómo desde el poder se abren las puertas al favoritismo, la ilegalidad y el abuso.
Vecinos refieren que se vio maquinaria y trabajadores que también están laborando en otras obras que se encuentra ejecutando el Ayuntamiento, lo que levanta serias dudas sobre su origen, financiamiento y legalidad. Esta revelación refuerza la percepción de un manejo discrecional e irregular de recursos, y pone bajo la lupa tanto al aspirante como al presidente municipal.
Esta acción ha despertado críticas por lo que algunos ciudadanos consideran un uso indebido de recursos públicos y una señal clara del respaldo que le brinda el actual presidente municipal.
El artículo 134 constitucional y la LGIPE establecen la obligación de neutralidad de las autoridades y sancionan cualquier tipo de promoción personalizada. A pesar de no estar en funciones públicas, Corona apareció en el evento como si se tratara de un funcionario, lo que sugiere una coordinación con el gobierno municipal que podría ameritar revisión por parte del OPLE o el INE.
La escena, más parecida a un mitin disfrazado que a un evento institucional, refuerza la percepción de que el presidente municipal estaría operando políticamente en favor de su sucesor, aprovechando la estructura gubernamental para inclinar la balanza electoral.