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XALAPA, Ver., 5 de julio de 2016.- Los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado no cuentan con la información para poder dictaminar la solicitud del gobernador del estado para ceder a título gratuito la Casa Veracruz a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) y a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), aseveró el panista Julen Rementeria del Puerto.
El diputado secretario de dicha comisión, apuntó que tendrán que analizar detenidamente esta propuesta, pues en vez de resultar en un beneficio para las dependencias, podría ser perjudicial, ya que se tendría que aumentar el presupuesto a dichos organismos, para darle mantenimiento, que asciende a más de 80 millones de pesos anuales.
«No se ha recibido ni siquiera la documentación, no tenemos ninguna información y no estamos en condiciones de poder decir cuánto podría costar todo esto ni cómo lo solventarían, pero evidentemente, en vez de una ayuda a estas dependencias, terminaría siendo un problema».
El legislador apuntó que tendrán que analizar detenidamente esta propuesta, pues en vez de resultar en un beneficio para las dependencias, podría ser perjudicial, ya que se tendría que aumentar el presupuesto para darle mantenimiento, que asciende a más de 80 millones de pesos anuales.
«No se ha recibido ni siquiera la documentación, no tenemos ninguna información y no estamos en condiciones de poder decir cuánto podría costar todo esto ni cómo lo solventarían, pero evidentemente, en vez de una ayuda a estas dependencias, terminaría siendo un problema».
Sobre las iniciativas que envió el gobernador al Congreso del Estado para entregar algunos inmuebles del gobierno como pago al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), la creación de dos Fideicomisos para saldar deudas a empresarios y la basificación de personal en el Ejecutivo, Julen Rementeria expuso que hay una clara inconformidad social, por lo que desconoce si podrían ser retiradas.
Sobre la basificación del personal del Ejecutivo estatal, explicó que esto significará un aumento en el presupuesto de egresos del gobierno de 40 por ciento, pero además se estaría dando un lugar a presuntos «aviadores«, lo que sería indebido.
«Es tratar de generar un gasto que va a complicar aún más la difícil situación financiera del estado, pero podría ser la una acción de inconstitucionalidad, porque es contrario al 123 de la Constitución General y también a la Ley Reglamentaria de Disciplina Financiera en su artículo 16, porque no hay un dictamen financiero sobre cómo se afectaría a la economía del estado», concluyó.