Determiná FGE si Bravo Contreras incurrió en omisiones

XALAPA, Ver., 3 de diciembre de 2016.- Será el próximo Fiscal General del Estado quien determine si se le puede fincar alguna responsabilidad a Luis Ángel Bravo Cetreras por la omisión en las investigaciones de personas desaparecidas, dijo el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares.

En entrevista posterior a la entrega de la Medalla Adolfo Ruiz Cortines a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en el congreso del estado, Yunes Linares comentó que no es una facultad de él determinar el fincar responsabilidades.

“Esa no es una tarea que me corresponde, es una tarea del Fiscal y el Fiscal seguramente analizará con absoluta imparcialidad y apego a derecho todas las denuncias que se presente, todas”.

Asimismo, comentó que en la Fiscalía General del Estado (FGE) se tienen una serie de expedientes de policías que han estado involucrados en las desapariciones forzadas, por lo que le corresponderá a Jorge Winckler revisar los casos y llevar las acciones necesarias, sin embargo apuntó que en su gobierno se llevará a cabo un proceso de depuración de los elementos de judiciales.

“En su momento habrá un proceso de depuración de la policía que tiene que basarse en las normas de ley, las leyes obligan a que los policías pasen exámenes de control y confianza y tendremos que someter a todos los policías y a los mandos de policías a este tipo de exámenes que son básicos para un desempeño apegado a la ley”.

Además, se regresarán las policías municipales intermunicipales, empezando en una primera etapa con la Policía Intermunicipal en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín-Jamapa-Alvarado y otra más en la zona de Poza Rica, pero todo dependerá de las capacidades presupuestales.

Sobre el tema de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, Yunes Linares dijo que él nunca ha hablado de la desaparición del organismo, pues al contrario, su gobierno se preocupará por la seguridad de los periodistas. “habrá, absolutísimamente, el más absoluto respeto a la libertad de expresión y en este sentido vamos a investigar el caso de una editorial de El Heraldo que recibió 230 millones de pesos del gobierno a un medio que no tiene una presencia en Veracruz”.