Indicador político
Ayudar a Todos sin distingo de colores.
Durante más de una década, cientos de municipios veracruzanos han cargado con una pesada herencia financiera: la bursatilización aprobada en 2008, un esquema que prometía liquidez, pero terminó convirtiéndose en una deuda interminable.
Hoy, ese modelo financiero es señalado por la propia gobernadora Rocío Nahle García como una auténtica “borrachera financiera”, resultado de gobiernos que hipotecaron el futuro de los ayuntamientos.
Fueron 199 municipios los que quedaron atrapados en este mecanismo basado en UDIS, con intereses elevados y cláusulas que impedían liquidar anticipadamente la deuda. Años de pagos no han servido para disminuir el adeudo; por el contrario, muchos municipios ya pagaron más del doble de lo recibido y aún continúan debiendo cantidades superiores al monto original.
Sin embargo, el panorama podría cambiar. En menos de un mes, la mandataria estatal sostuvo encuentros regionales con alcaldes para plantear una solución definitiva, dejando atrás la práctica de “administrar la deuda” sin resolver el problema de fondo.
La estrategia busca replicar el modelo aplicado por el Gobierno del Estado, que logró sanear compromisos con el SAT, ISSSTE e instituciones bancarias. Ahora, la meta es liberar también a los municipios.
La propuesta contempla que el Estado asuma el 75 por ciento de la deuda bursátil para liquidarla anticipadamente, siempre y cuando exista consenso total entre los municipios involucrados.
El llamado ha sido claro: dejar de lado diferencias partidistas y priorizar el bienestar de Veracruz.
“Voy a ayudar a todos, sin distingo de colores”, expresó la gobernadora durante la reunión celebrada en Tuxpan con alcaldes de la zona norte.
En esta operación financiera y política participan activamente el secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes, quien ha encabezado las negociaciones técnicas con Hacienda y los tenedores de deuda, así como el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, encargado de construir acuerdos con alcaldes y cabildos.
El calendario ya está definido: antes del 25 de mayo los cabildos deberán aprobar el convenio; en junio se formalizarán los trámites y firmas; y para julio se proyecta la liquidación total del esquema bursátil. De concretarse, en agosto los municipios podrían recibir participaciones federales sin descuentos ligados a esta deuda.
Sería el cierre de un mecanismo financiero que durante casi dos décadas limitó el desarrollo municipal.
Pero el objetivo va más allá de saldar cuentas. La intención es que los recursos recuperados se traduzcan en obras y servicios básicos: calles dignas, agua potable, drenaje y alumbrado público.
Muchos ayuntamientos han operado con participaciones comprometidas desde hace años. Recuperar esos recursos significaría devolverles capacidad de acción y autonomía.
Lo que hoy impulsa Rocío Nahle García apunta a convertirse en uno de los movimientos financieros más relevantes para los municipios veracruzanos en las últimas décadas.
Y, de lograrse, marcaría una nueva etapa en la forma de gobernar Veracruz.