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Gabriel García-Márquez/Sentido común
COATEPEC, Ver., 19 de septiembre de 2017.- Durante la audiencia intermedia de control y de admisión de medios de prueba del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, la jueza Veronica Portilla Suazo, desechó el sobreseimiento solicitado por la defensa mediante el cual se buscaba evitar que se le finque la acusación por el delito de enriquecimiento ilícito.
Mientras se efectuaba la audiencia, se registró un sismo que obligó a decretar un receso y evacuar la sala 4 de juicios orales, sin embargo los custodios no desalojaron al imputado a pesar de la orden de la jueza, situación que ocasionó el llamado de atención de la togada al personal encargado de la vigilancia de Bermúdez Zurita.
En los juzgados de Pacho Viejo, la jueza señaló que la causal de sobreseimiento no fue acreditada, pues a pesar de que el hecho no hubiera ocurrido, esto debe acreditarse, pues debido a que en dicha solicitud la defensa argumentó para ello que la hipótesis utilizada y con la que se busca llevar a juicio al imputado no es correcta, y por ello buscaron que fuera desestimada.
En este sentido, la Fiscalía solicitó la imposición de una pena 10 años de prisión, la suspensión de derechos políticos y civiles de Arturo Bermúdez, así como la imposición de una multa de 600 días de salario y el decomiso de 7 propiedades ubicadas en la ciudad de México y en los Estados Unidos, mismas que en su conjunto tienen un valor superior a los 53 millones de pesos.
Al respecto, la parte acusadora ofreció diversos medios de prueba de que el exfuncionario estatal incrementó su patrimonio de una manera desproporcionada durante el período 2011-2016, lapso en el cuál fungió como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado.
Dentro de los medios de prueba presentados por la Fiscalía así como por los asesores jurídicos de la Secretaría de Gobierno, Finanzas y la Contraloría General del Estado, se encuentran las declaraciones patrimoniales presentadas por Bermúdez Zurita ante la Contraloría General del Estado como integrante de la administración pública de 2011 a 2016, así como su nombramiento y el acta de matrimonio que lo avala como cónyuge de Sofía Lizbeth Mendoza Hernández y quien figura como propietaria de algunas propiedades, además de los acuses de recibo por concepto del pago de impuestos federales.
Hasta las 21:00 horas, la juez había admitido 25 medios de prueba, tras lo cual decretó la suspensión de la audiencia hasta el próximo lunes 25 de septiembre a las 9:30 horas , sin embargo se prevé que tras la reanudación de la audiencia se continúe con la presentación de los elementos probatorios.