Denunciarán a 11 dependencias por mal uso de recursos públicos en 2016

XALAPA, Ver., 31 de octubre de 2017.- Se presentarán denuncias formales contra 11 dependencias del gobierno estatal que habrían hecho mal uso de recursos públicos en 2016, esto de acuerdo con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2016, informó el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Juan Manuel de Unanue Abascal.

Entrevistado previo a la sesión extraordinaria en el Congreso del Estado, el legislador explicó que tras la revisión de la Cuenta Pública 2016, secretarías del gobierno del estado y 101 ayuntamientos veracruzanos no han podido comprobar el uso de la totalidad del recurso público que manejaron el año pasado.

«Son bastantes, 11 que van a ser denunciadas de inmediato: la SIOP, la consolidada, que es Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación, la Sedarpa, el Seguro Popular, Seguridad Pública, entre otras».

Dijo que en el caso de los municipios, la deuda es menor y podría ser comprobable, por lo que se tiene una segunda fase para intentar demostrar la correcta aplicación del dinero público, además de varias dependencias estatales.

Señaló que la segunda etapa de solventación consiste en 15 días naturales para entregar documentos que comprueben el uso de los recursos, y posteriormente 45 días hábiles más para poder reintegrar lo que no se logre comprobar, por lo que a decir de Unanue Abascal, será hasta el próximo año cuando se concluya el proceso.

Cuestionado respecto a que varios ayuntamientos y la Contraloría General del Estado (CGE) ya no se encuentran observados en el dictamen, explicó que se debe a que pudieron solventar las observaciones que derivaban de la revisión a la Cuenta Pública 2016.

«Solventaron, no se sacaron, y se van a observaciones administrativas, es importante eso. Las contralorías internas les van a dar seguimiento y el Orfis puede pedir documentación. Se les dio oportunidad, nosotros estamos facultados en la época de dictaminación de la misma cuenta, de poder recibir documentos».

Al destacar que todos los integrantes de la Comisión de Vigilancia firmaron el dictamen, detalló que el presunto daño patrimonial ascendería a más de 12 mil 490 millones de pesos; 660 millones aproximadamente de ayuntamientos y casi 11 mil 900 millones de pesos por entes estatales y otros entes fiscalizables.