Denuncian red de nepotismo y corrupción en Bienestar Alvarado

ALVARADO, Ver., 21 de julio de 2026.- Fuertes señalamientos por presunto nepotismo, desvío de recursos y manejo irregular de los programas federales sacuden a la oficina de la Secretaría de Bienestar en el municipio de Alvarado.

Según denuncias de los propios beneficiarios, una red familiar incrustada desde hace más de seis años entre los Servidores de la Nación ha tomado el control de la dependencia, operando la entrega de apoyos sociales bajo esquemas de beneficio personal e influencias políticas vinculadas al grupo del senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Entre las anomalías más graves destacan los cobros de "mochadas" o diezmos a los comités del programa La Escuela es Nuestra en las obras de planteles educativos, así como irregularidades en el padrón de Bienpesca, donde se reporta la asignación de tarjetas a personas que radican en el extranjero.

Los denunciantes señalan directamente a una red de familiares y allegados, entre los que figuran Nubia Lizet Pérez, Oliver Pérez, Reyna Fernández Pérez, Luz Milagro Tiburcio Vidaña, Teresa Vidaña, Arturo Santamaría y Omar Castro, de acaparar la nómina y la gestión de los fondos destinados a los sectores vulnerables de la demarcación.

El descontento ciudadano apunta también a la gestión de la delegada municipal, Karina Lira Hernández, a quien cuestionan por no haber desmantelado esta estructura ni frenado los abusos dentro de la oficina local.

Ante este panorama, pescadores y padres de familia hacen un llamado urgente a la delegación estatal de Bienestar en Veracruz, encabezada por Juan Javier Gómez Cazarín, para que ordene una auditoría integral, limpie la dependencia de estas inercias y garantice una administración imparcial de los recursos públicos.

Para los afectados, la permanencia de estas prácticas no sólo saquea los presupuestos destinados al desarrollo social, sino que vulnera abiertamente los compromisos de honestidad, transparencia y combate a la corrupción impulsados a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La comunidad exige una intervención inmediata que devuelva a la institución su propósito original: servir al pueblo y no a los intereses de un grupo familiar.