![](https://veracruz.quadratin.com.mx/www/wp-content/uploads/2025/02/WhatsApp-Image-2025-02-16-at-2.55.39-p.m.-1-107x70.jpeg)
Se fortalece día a día Daniela Griego entre simpatizantes de Morena
POZA RICA, Ver., 2 de febrero de 2017.- Integrantes del Movimiento de la Libertad, quienes anteriormente formaban parte de Los 400 Pueblos, liderados por César del Ángel Fuentes, se presentaron en la explanada del Parque Benito Juárez para solicitar la intervención de las autoridades estatales y del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para que se les permitan regresar al rancho Chichicoaxtla, en Tihuatlán, de donde fueron desalojados desde hace una semana, separándolos de sus familiares.
Los inconformes, quienes permanecen resguardados en el auditorio municipal de Tihuatlán en espera de apoyo de las autoridades, indicaron que no quieren enfrentamientos, pero podrían surgir, “podría haber muchos muertos” si deciden regresar por sus familias y los espacios que han habitado durante casi 30 años, pues la zona está resguardada por 50 “gatilleros” al mando de César del Ángel, quienes les impiden llegar al lugar.
Comentaron que entre los afectados por esta situación “hay muchas personas de la tercera edad, a quien César del Ángel los explotó mucho, con pistola en mano los obligó a firmar un papel, con un notario de Poza Rica, obligándolos a firmar para quitarles sus tierras”, por lo que en relación a la aprehensión del dirigente de Los 400 Pueblos, es bueno que “quien la deba que la pague”, consideró Damián Cuervo Mejía, uno de los inconformes.
Expuso que los desalojados de Chichicoaxtla son cerca de 130 campesinos, quienes además estaban asentados en los terrenos de las comunidades El Guayabo de Tihuatlán, y Nuevo Álamo. “Nos desalojó César por no querer encuerarnos, por no querer participar en esos movimientos con los que llenaba las bolsas de dinero”, indicó.
Agregó que las tierras de Chichicoaxtla, cuya extensión corresponde a mil 300 hectáreas, están a nombre del exdiputado local Marco Antonio del Ángel Arroyo y Fidel Herrera Beltrán. “Todas las hectáreas estaban ocupadas por parte de los campesinos, pero César se las fue quitando y se las dio a Fidel Herrera, quitó naranjales; a unos campesinos los mandó con el vecino y a otros arrinconó en el monte, para que siguieran limpiando. No se vale que después de haber sido compañeros, luchando para un pedazo de tierra, para tener un patrimonio, que César del Ángel nos los haya quitado”.
Aseguraron que César del Ángel se enriqueció a costa de explotar a los campesinos, y que “Carlos Salinas de Gortari les dio 12 mil millones, y el PAN les dio otro tanto de millones, Fidel Herrera le dio, además de que Duarte le pagaba 40 millones anuales por los movimientos que organizada”.
Todo, reiteraron, a costa de los campesinos, y “los terrenos que venían ocupando para vivir están a nombre de Marco Antonio del Ángel Arroyo, mientras que la casa que en su momento fue de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, se la dio a su hija como regalo de bodas”, por lo cual se deben hacer las investigaciones correspondiente por parte de la Fiscalía.
Mencionaron que desde hace ocho días “no podemos entrar por ellas, no podemos llevarles alimento, los chamacos ahorita los acaban de sacar de la escuela”, y detallaron que en el rancho Chichicoaxtla permanecen unas 50 familias en espera de ser ayudadas.
Los inconformes presentaron a Diana Hernández Hernández, quien dijo que a los 16 años fue obligada por Cesar del Ángel a desnudarse en la Ciudad de México.
“Yo no quería, pues obviamente era yo una niña, pero ellos nos dijeron que lo teníamos qué hacer, yo con toda la vergüenza del mundo perdí mi dignidad, el respeto hacia mí como mujer, aunque era una niña, igual sabe uno lo que está bien y lo que está mal, por ello me vi obligada a desnudarme”, señaló.
Los inconformes fueron atendidos por personal de la oficina regional de la Subsecretaría de Gobierno (Segob); compartieron que previamente acudieron Xalapa, en donde dialogaron con Pedro Manterola Sáinz, Subsecretario de Gobierno, David del Ángel Moreno, Director de Gobernación, y Sergio Cadena Martínez, Director General de Política Regional, quienes le están dando seguimiento a este caso.