Condonan pagos por cuotas de mantenimiento en panteones de Poza Rica
VERACRUZ, Ver., 20 de abril de 2021.- El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Playa Vicente, Urbano Bautista Martínez, denunció que ya son muchas las quejas que se han presentado en órganos electorales como el OPLE y el INE por el indiscriminado reparto de apoyos sociales con fines electoreros que hay en su municipio.
El coordinador expresó que las autoridades municipales de Playa Vicente, encabezadas por el alcalde Gabriel López López, y la síndica, Yamilet López López, están con las manos hasta dentro del proceso electoral del que saldrá el próximo cabildo.
Dijo que son numerosos los reportes que han ingresado ante el OPLE sus representantes de partido para señalar el dispendio que realiza el municipio en pleno proceso electoral.
Comentó que a pesar de que hay una veda electoral en marcha, el gobierno municipal de Playa Vicente no ha parado de entregar despensas como una vía de coaccionar el voto en favor de su candidato, Rubén Salinas, ex director de Obras Públicas.
Mencionó que personal del ayuntamiento, que ahora usa coches particulares, está moviendo despensas, principalmente en las noches, las cuales llevan a sus líderes para que las repartan pidiendo el voto a favor del aspirante del PAN-PRI-PRD.
Reiteró que esto crea condiciones desfavorables de competencia y daña la democracia que debe prevalecer en la contienda.
Manifestó que es muy bajo y sucio que desde el ayuntamiento se esté lucrando con la necesidad de las personas, más porque se están superando las consecuencias económicas que dejó la pandemia del Covid-19, donde muchas familias se quedaron sin empleo.
Reiteró que espera que las autoridades competentes volteen a ver lo que pasa en Playa Vicente, donde los aspirantes del PAN, PRD y PRI prácticamente hacen lo que les place sin que la ley los sancione.
Debe recordarse que, desde febrero pasado, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley General en Materia de Delitos Electorales para castigar con prisión preventiva a quien use o manipule programas sociales con fines electoreros.
Es decir, que ahora las personas que sean sorprendidas y señaladas de cometer estos ilícitos no contarán con el beneficio de la fianza y en automático irán a la cárcel.