Definiciones claras/Federico Berrueto

Un cierto y claro mensaje contra la intriga que la Corte ratificara por unanimidad el acta de la sesión del 7 de abril, en la que se resolvió la inconstitucionalidad de las reformas de la ley de la industria eléctrica. Las resoluciones judiciales de esa naturaleza son complejas, aunque la aspiración de todos es simple; se quiere un veredicto de ganador o perdedor. Las decisiones divididas de ningún órgano colegiado deben estigmatizarse. El consenso es excepcional. Relevante fue que siete ministros de once coincidieron en la inconstitucionalidad de la ley; no suficiente para invalidarla, pero sí criterio para las resoluciones que deberán darse en juicio de amparo respecto a la misma ley.

A diferencia del órgano judicial, las votaciones del Poder Legislativo son claras en el sentido de tener o no los votos suficientes para aprobar una iniciativa. Las constitucionales requieren mayoría calificada de los legisladores presentes, las ordinarias mayoría simple a partir de quórum legal. Como tal, los ausentes cuentan, es una forma de facilitar el voto mayoritario, aunque más digno es el voto nulo del legislador presente. El hecho es que los dos poderes, el Judicial y el Legislativo han definido posición.

La Corte debe cuidar no ser arrastrada por la polarización que padece la vida nacional. Su función y naturaleza no le permiten ser parte de las querellas políticas, por relevantes que sus actores las consideren, particularmente la posición del presidente de la República, quien confunde lo que les viene bien como si fuera también para el país. El cuidado también aplica para el Tribunal Electoral del Poder Judicial, más por la proximidad de la elección de 2024, que anticipa ser batalla campal, especialmente si se repiten las irregularidades y faltas de la consulta para la ratificación de mandato. El espacio de actuación de la Corte y del Tribunales la aplicación estricta de la ley y salvaguardar la supremacía de la Constitución sobre los actos de autoridad, incluso de las decisiones del Congreso de la Unión.

Claridad no significa simplificar; es entender las decisiones sobre los asuntos relevantes de la vida nacional. Las resoluciones judiciales son complejas, las del Congreso también, pero éstas se resuelven a partir de una expresión numérica. Igual ocurre con las elecciones en el sentido de que son procesos sumamente complejos que se definen con ganador y perdedor. La mayoría simple es la manera de resolver una contienda entre pocos; sin embargo, la integración de un cuerpo colegiado, como el parlamento es mucho más complejo, sobre todo si es el caso de una competencia con diversidad de fuerzas políticas, de allí la pertinencia de la representación proporcional.

El autoritarismo va de la mano de lo simple. Por ello su inclinación es la de legisladores electos por mayoría. Así fue el PRI por mucho tiempo. Consideró que la representación proporcional era una concesión generosa del poder hacia las minorías, cuando en realidad se trata de igualar la fuerza electoral con presencia parlamentaria. Ahora, la idea de López Obrador de eliminar la representación proporcional de los órganos legislativos no es para el ahorro del gasto, sino para asegurar la sobrerrepresentación de la minoría mayor, como en los peores tiempos del PRI. En todo caso, si se quiere reducir la Cámara se pueden elegir 150 legisladores de mayoría y otros tantos de representación proporcional.

La arrogancia impone decisiones simples, la ignorancia las recibe con beneplácito. Esa ha sido la lógica discursiva del populismo, radicado en la demagogia. Su prédica son respuestas simples a problemas complejos; peor aún es su didáctica basada en el rencor social, que premia la indolencia y castiga la iniciativa y el talento, y repudia y descalifica a quien disiente. La condición de traidor a la patria frente al distinto le viene bien. Muy mal si se dice; más grave si se cree. Todavía peor si se vuelve línea de conducta.