David Colmenares Páramo/Avances contra la corrupción

El 9 de diciembre de 2003 fue aprobada la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Tras 21 años de historia institucional, el mecanismo ha permitido visibilizar el problema de la corrupción en el Mundo y construir agendas compartidas para su atención. Sin embargo, el objetivo de erradicarla persiste como un reto para las instituciones que —por definición— diseñan e implementan mecanismos, programas, políticas y estrategias para prevenirla y combatirla.

Por supuesto también se trata de un problema social y global, de distribución de la riqueza y de la desigualdad de oportunidades.

Hoy la Convención ya ha tenido rendimientos positivos, destacando el hito de que un gran número de gobiernos nacionales, comprometidos cada vez con una mayor cantidad de agendas multilaterales y acuerdos internacionales. También es relevante el involucramiento de actores no gubernamentales en la medición de la corrupción a través de encuestas de percepción, índices y tasas de incidencia, prevalencia y frecuencia de hechos de corrupción, así como el énfasis en resaltar el valor de la fiscalización superior para preservar la integridad y eficiencia de los estados y las políticas públicas. Este esfuerzo también ayuda a ubicar a los “militantes mediáticos encubiertos, con intereses claros”, como se ha destacado en reuniones internacionales, por ejemplo, de la INTOSAI y en la recién celebrada de OLACEF, en la Ciudad de México, en la sede de la ASF.

La participación de actores no gubernamentales, de buena fe, sobre todo en la medición del problema, ha permitido contar con datos objetivos sobre la percepción y el funcionamiento de las medidas y políticas anticorrupción.

En este orden de ideas, destaca la relación de la corrupción con dos problemas de dimensiones importantes. El primero es la paz y seguridad: según Steiner (administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD), la corrupción “alimenta los conflictos e inhibe los procesos de paz al debilitar el estado de derecho, agravar la pobreza, facilitar el uso ilícito de los recursos y proporcionar financiación para los conflictos armados.” Otra problemática relacionada, como efecto de la corrupción, es el control medioambiental: ahí la corrupción se presenta desde “la malversación de fondos para programas de protección medioambiental, la expedición de permisos y licencias de explotación de recursos naturales, hasta la protección de especies y ecosistemas.”

Sobre esto, es un aliciente que tanto gobiernos, sus organismos especializados, responsables de la fiscalización superior, como la ASF, así como la sociedad civil y los actores privados de la economía tengan especial interés en la conformación de espacios libres de corrupción.

En el caso de México, en tanto un Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el avance institucional ha sido significativo. Destacan las funciones de la propia Auditoría Superior de la Federación que ha cumplido ya 200 años en su labor fiscalizadora.

A la par, hoy la ASF participa activamente en la propuesta en espacios multilaterales para construir capacidades, conocimiento colectivo e instrumentos anticorrupción. Incluso en la creación de mecanismos para otros temas igualmente importantes. En la ASF hemos sido enfáticos en la necesidad de que, sobre todo en América Latina y el Caribe, respaldemos proyectos como las auditorías medioambientales, al combate a la desigualdad y la pobreza, por supuesto, las auditorías al desempeño. Por otra parte, también hemos ampliado, la cooperación con organismos como la ARABOSAI, la IDI (Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI) y la GAO de Estados Unidos, quienes han estado recientemente en la ASF, durante la reunion OLACEF – EUROSAI. Seguiremos.

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